Recorte a presupuesto judicial afectará a los más vulnerables, según titular de la Corte

Para el ejercicio fiscal del 2024 y conforme a las expectativas de inflación establecidas

por la Secretaría de Hacienda al cierre de este año, el Poder Judicial Federal solicita un incremento real del 4% respecto del presupuesto aprobado para el 2023.

Según la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lucia Piña, los recursos solicitados se traducen, aproximadamente, en el equivalente al 0.26% del Producto Interno Bruto de nuestro país.

Durante su mensaje en sesión conjunta de los plenos del Tribunal, Judicatura y Tribunal Electoral, la ministra aseguró que en los últimos años la Judicatura ha visto disminuida su participación en el

Presupuesto de Egresos de la Federación en comparación con otros entes públicos.

Expuso que en el periodo de 2018 a 2023, los recursos asignados al Poder Judicial han disminuido 15.4% en términos reales, cosa que a su juicio,

no ha sido obstáculo para que la Judicatura continúe sus esfuerzos para garantizar una mejor impartición de justicia y la implementación de reformas

constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión.

Argumenta la magistrada que la asignación presupuestal requerida para la impartición de justicia federal en 2024 representa, en promedio, 1.8 pesos diarios por mexicano, y advierte que la consecuencia directa de asfixiar mediante un recorte presupuestal al Poder Judicial Federal es colocar a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos.

Afirmó que las funciones que habrá de desempeñar el Poder Judicial Federal el próximo año son de relevancia para la vida democrática y la justicia social en nuestro país, y que el proceso electoral 2023-2024 implicará la renovación de más de 20 mil puestos de elección popular, lo que exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral.

Según Piña, solo así, se puede garantizar que la transmisión de poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática.

Expuso que si la tendencia en 2023 se mantiene, entonces el próximo año la Judicatura federal habrá de resolver 1.3 millones de casos nuevos.

Más aún, dijo que para el próximo año, también se requerirá la creación de 45 órganos jurisdiccionales más, en parte por la implementación del nuevo modelo de justicia laboral que deriva de las reformas aprobadas por el Congreso en el marco de obligaciones internacionales asumidas por el Estado Mexicano en la suscripción del T-MEC.

La titular de la Corte indicó el que aunado a lo anterior, en 2024, el Consejo de la Judicatura Federal habrá de garanrizar la

implementación gradual del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aprobado a mediados de este año por el Legislativo.

Mencionó que los recursos solicitados por el Consejo de la Judicatura Federal también habrán de destinarse al Instituto de la Defensoría Pública que representa jurídicamente y, sobre todo de manera gratuita, a los mexicanos, la mayoría de ellos en condiciones de vulnerabilidad.

Otra parte del presupuesto se usaría en reforzar medidas de seguridad para las personas que integran el Poder Judicial Federal, pues según la ministra Piña, impartir justicia nunca puede traducirse en una afectación a su integridad personal, ni a la de quienes les rodean.

Más aún, afirmó que la independencia judicial exige medidas y salvaguardas para que no haya restricciones, influencias indebidas, presiones, amenazas o interferencias de ningún tipo en la actividad jurisdiccional.

Agregó que en el proyecto de presupuesto del Poder Judicial Federal que se va a enviar a la Cámara de Diputados, se podrá encontrar una justificación legal, razonable, racional y honesta para cada rubro de los recursos públicos a ser asignados, que serán ejercidos atendiendo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Piña Hernández aseguró que la asignación presupuestal al Poder Judicial Federal responde a un ejercicio de contrapesos entre poderes, que, si bien debe atender al principio de estabilidad financiera, encuentra límites claros en la Norma Suprema.

Sostuvo que el debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los 3 poderes del Estado por una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad, sino que lleva al rompimiento del Estado de Derecho, y según la ministra, el acceso a la justicia es un derecho que le cuesta a la sociedad, y que para que el derecho a la justicia sea efectivo, es indispensable que el Estado destine montos adecuados de los recursos que recauda.

Argumenta que la asignación presupuestal requerida para la impartición de justicia federal en 2024 representa, en promedio, 1.8 pesos diarios por mexicano, y advierte que la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial Federal es colocar a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos.