El Instituto Nacional Electoral recibió el 13 de enero, de parte de la Secretaría de Gobernación, la propuesta elaborada por la Secretaría de y la Secretaría de la Función Pública para que la autoridad electoral cuente con recursos para realizar la Revocación de Mandato, supuestamente, sin la necesidad de una ampliación presupuestal.
En un comunicado, el INE indica que en ejercicio de su autonomía, el INE valorará las propuestas contenidas en el documento y se mantendrá pendiente a la respuesta al oficio enviado el 13 de enero por el INE a la Secretaría de Hacienda para solicitar recursos por mil 738.9 millones de pesos en acatamiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del pasado 29 de diciembre.
En su resolución, el Tribunal instruye al INE que “realice y gestione las adecuaciones presupuestales necesarias, sin afectar sus obligaciones constitucionales, legales, estatutarias y laborales, a fin de estar en posibilidad de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades calendarizadas en el proceso de revocación de mandato; o bien, de subsistir la insuficiencia, realice las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de solicitar las ampliaciones presupuestarias que se requieran para el adecuado desarrollo del proceso de revocación de mandato”.
En ese sentido, el INE entregó a Hacienda una solicitud por mil 738 millones, 947 mil 155 pesos para realizar el ejercicio de Revocación de Mandato de conformidad con estipulado en la ley. No obstante, el Instituto hace algunas precisiones sobre lo que ha trascendido en medios respecto a la propuesta enviada por la Segob.
Señala el INE que no cuenta con un presupuesto de 19 mil 736.3 millones de pesos, ya que 5 mil 821.85 millones se destinan conforme lo señala la Constitución, a las prerrogativas de los partidos políticos.
Con la propuesta, se contaría con recursos para organizar tanto la Revocación de Mandato como la Consulta Popular; sin embargo, desde noviembre quedó descartada la posibilidad de una Consulta Popular porque no fue solicitada.
El documento entregado por Gobernación establece que son 1,336 plazas de director de área o superiores; sin embargo, en realidad el INE cuenta únicamente con 121 plazas con nivel de director de área y niveles superiores, además de que el Instituto no cuenta con personal sindicalizado como menciona el documento.
Justifica el Instituto que el arrendamiento de bienes inmuebles es necesario para que despliegue su capacidad operativa y de atención ciudadana a nivel nacional, estatal y en cada uno de los 300 distritos electorales que conforman el territorio nacional. Se trata de oficinas en todo el país, así como de los Módulos de Atención Ciudadana donde se tramita la Credencial para Votar.
Apunta que estas y otras imprecisiones se encuentran en el documento recibido y reflejan desconocimiento de la actividad electoral que tiene que desplegarse para la organización de un proceso electoral tal y como lo estipulan la Constitución y las leyes en la materia.
