Rechazan empresarios acuerdo que blinda proyectos y obras: INAI va por controversia


El Consejo Coordinador Empresarial se manifestó preocupado y en desacuerdo con el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, que sujeta al régimen de seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno.


Para los empresarios, al equiparar proyectos federales a este régimen, evade normas constitucionales y legales que tienen por función proteger derechos humanos, medio ambiente, transparencia y acceso a la información pública, libre concurrencia, procedimientos y licitaciones, para garantizar mejores condiciones de contratación con recursos públicos, la división de poderes y lucha contra la corrupción.


Dice el sector privado que el Acuerdo Presidencial abarca proyectos indeterminados asociados a infraestructura de la mayoría de los sectores y aquellos que por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional, sin tomar en cuenta que la Constitución reserva el régimen excepcional de seguridad nacional exclusivamente a casos graves que lo justifiquen y, en todo caso, por decisión del Poder Legislativo, por lo que este Acuerdo pone al Ejecutivo por encima de la ley.


El CCE señala que la Ley de Seguridad Nacional actual no considera obras de infraestructura como riesgo para la seguridad nacional, sino que contempla cuestiones de máxima importancia y gravedad, como la protección de la nación, preservación de la soberanía e independencia en defensa del territorio, mantenimiento del orden constitucional, fortalecimiento de las instituciones democráticas, espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria y genocidio.


Más sin, dicen los empresarios que el Acuerdo instruye a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional (emitida en un plazo de 5 días hábiles, y que la decisión prácticamente pone a los proyectos públicos por encima de la ley y produciría efectos en el gasto, en el desarrollo de obras y en la afectación de derechos que sería irreversible y dejaría a comunidades, personas y empresas en situación de indefensión.


A su vez, el INAI anunció que prepara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Acuerdo por el que los proyectos y obras de infraestructura del Gobierno de México son considerados de interés público y seguridad nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre.


Luego de analizar los alcances del Acuerdo, el Pleno del INAI determinó ejercer este control constitucional, con el cual buscará evitar que dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo.


Se advierte una posible transgresión al artículo 6º de la Constitución, en tanto que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información, de acuerdo al artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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