Prospecto de dictador salvadoreño descarta críticas sobre la reelección indefinida

Luego del trámite exprés y sin análisis previo, que permitió al Congreso copado por el partido del gobierno aprobar el pasado jueves una reforma constitucional que permite la reelección indefinida, amplía el mandato de 5 a 6: años, y elimina la segunda vuelta electoral., el presidente salvadoreño Nayib Bukele rechazó que la aprobación de la reelección presidencial indefinida sea el "fin de la democracia".

El mandatario, quien ambiciona perpetuarse en el poder, ha salido a asegurar que las críticas a esa decisión se deben a que la tomó un país "pequeño y pobre". Pretextos no faltan.

Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, consideran la legislación un "golpe mortal" a la democracia y una "manipulación" a la Constitución para favorecer las ambiciones de poder de Bukele.

"90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno y nadie se inmuta", justificó Bukele en la red social X. "Pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de repente es el fin de la democracia", explicó.

El presidente asumió el poder en 2019 y fue reelegido en 2024 con 85% de votos, lo que le permitió tener un control casi absoluto de todos los poderes del Estado

Para que pudiera aspirar a la reelección, Bukele manipuló al poder judicial para que se aprobara una reforma en ese sentido,  y según el mandatario, si El Salvador se declarara monarquía parlamentaria "con exactamente las mismas reglas que Reino Unido, España o Dinamarca", las críticas seguirían.

"El problema no es el sistema, sino el hecho de que un país pobre se atreva a actuar como un país soberano. Se supone que no debes hacer lo que ellos hacen. Se supone que debes hacer lo que te dicen", declaró el político aspirante a dictador.

El salvadoreño mantiene elevados niveles de popularidad, gracias a que su "guerra" contra las pandillas que data de 2022, redujo a mínimos históricos la violencia en el país centroamericano, a costillas de las garantías individuales.