Tanto el director local de la empresa española Repsol, Jaime Fernández-Cuesta, como 3 de sus gerentes y un funcionario estatal, quienes son investigados por el posible delito de contaminación ambiental luego de un derrame de miles de barriles de petróleo en el Pacífico, no podrán salir de Perú durante los próximos 18 meses por órdenes de un juez.
El juez Romualdo Aguedo fundamentó su determinación contra estas personas, "por la facilidad y continuidad para salir del país, como se ha evidenciado en los últimos cinco años”, lo cual, a su juicio, constituye “un potencial peligro de fuga en este caso”.
Los abogados de los acusados no han apelado la decisión, aunque aseguraron que la solicitud de la fiscalía no es necesaria, ni proporcional, en un país donde el delito de contaminación ambiental se castiga con entre 4 y 6 años de cárcel, y tras un conflicto derivado del derrame de 6 mil barriles de petróleo el pasado 15 de enero en el Pacífico frente a la refinería de Repsol
La audiencia fue virtual por las restricciones existentes en el país sudamericano debido a la pandemia de coronavirus, en momentos en los que los trabajos de más de 2 mil peruanos contratados por Repsol y sus subsidiarias, intentan limpiar la costa y el mar, uno de los más biodiversos del mundo, toda vez que 713 hectáreas de mar y 180 hectáreas de tierra han sido contaminadas con el crudo derramado.
Perú declaró emergencia ambiental y pidió no acudir a 21 playas en el Pacífico por estar contaminadas tras el derrame, el peor desastre ambiental en el perímetro de Lima en los últimos tiempos, según el gobierno.
