El día de ayer, tanto el expresidente peruano Pedro Castillo como la actual mandataria interina, Dina Boluarte, tuvieron citas con la justicia de su país, por asuntos ligados a la crisis social que vive la nación andina desde diciembre pasado.
Castillo, despojado del poder a principios del último mes del 2022, aseguró en una audiencia virtual que se siente "secuestrado", y negó los cargos de corrupción que le imputan al asegurar que "se han armado un castillo de delitos con colaboradores comprados", luego de que el Congreso lo acusara por presuntamente encabezar una organización criminal.
En la audiencia virtual transmitida por el canal de televisión del Poder Judicial para analizar el pedido de la Fiscalía peruana de extenderle la prisión preventiva de 18 a 36 meses, el expresidente dijo que rechazaba "ser parte de una red criminal", y que su único delito ha sido "servir a mi país como presidente de la República",
"Van a pedir 36 meses de prisión cuando tengo la prisión preventiva. Voy a llegar a 100 días de estar secuestrado injustamente", dijo el expresidente, luego de lo cual el juez Juan Carlos Checkley suspendió la audiencia de más de 4 horas, esperando un pronunciamiento para el jueves 9 sobre la petición del fiscal contra Castillo.
El maestro rural enfrenta a cargos de "organización criminal, asociación ilícita y tráfico de influencias" que podrían acarrearle una prisión preventiva adicional a la que cumple por sedición.
Mientras tanto, la presidenta interina Dina Boluarte, compareció ante la jefa del ministerio público, Patricia Benavides, por casi hora y media, al ser convocada dentro del "caso de las muertes de ciudadanos durante las movilizaciones sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023".
La presidencia interina informó a través de Twitter, que Boluarte "brindó declaraciones respecto a las investigaciones", sin ofrecer más detalles.
Sin embargo, una acusación en firme, no podrá ser sometida a juicio hasta que en 2026 culmine su mandato, según la Constitución.
La fiscalía abrió una investigación contra Boluarte por presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves", .buscando determinar su responsabilidad en la represión de las manifestaciones contra el gobierno en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
En lugar de gobernar, andan en tribunales.
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