Presentan ONG's recurso ante la Corte sobre leyes secundarias de Guardia Nacional


A 3 años de la creación de la Guardia Nacional y su despliegue en las fronteras norte y sur de México con fines de control migratorio, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano y los Programas de Seguridad Ciudadana y Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un amicus curiae para la Acción de Inconstitucionalidad 62/2019, respecto de las Leyes Secundarias de la Guardia Nacional.

El amicus aborda específicamente las facultades de control y verificación migratoria otorgadas a este cuerpo de seguridad militarizado, por los riesgos y consecuencias que tiene su involucramiento en tareas migratorias para los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional.

La acción de inconstitucionalidad 62/2019 fue promovida desde julio de 2019 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al señalar que diversas disposiciones de la referida Ley son contrarias a los derechos humanos; sin embargo, a 3 años, la Corte continúa sin resolverla. En este sentido, el amicus curiae presentado este 14 de junio, acerca a la Corte información documentada sobre abusos y violaciones a derechos humanos de personas migrantes y sujetas de protección internacional cometidas por esta institución, que son el resultado de la naturaleza y composición de la GN como un cuerpo militarizado, con más del 80% de sus elementos proveniente del sector castrense, así como en estructura, capacitación y mandos. Dicha información permitirá que la SCJN, al momento de resolver la acción de inconstitucionalidad, cuente con insumos sobre los riesgos de otorgar facultades en materia de control y revisión migratoria a un cuerpo de seguridad con características y composición castrenses. Desde su creación, la Guardia Nacional fue vinculada en gran medida al control migratorio, bajo una lógica de contención en las fronteras: en febrero de 2022, de 99 mil 946 elementos desplegados en México, 15 mil 822 fueron ubicados en los estados fronterizos con Estados Unidos y mil 298 elementos en estados de la frontera sur. A lo anterior se suma el despliegue de la Guardia Nacional para tareas de control y verificación migratoria en puntos de revisión al interior del país, como lo son retenes, estaciones de autobuses y aeropuertos. Además de haberle sido asignado el resguardo de las Estaciones Migratorias del país, en las que las personas migrantes y sujetas de protección internacional se encuentran privadas de la libertad por motivos migratorios En particular, se han documentado recurrentes violaciones a derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional en la frontera sur, incluyendo agresiones, abuso de la fuerza, encapsulamiento y dispersión de las personas migrantes en tránsito; uso de armas de fuego que causaron la ejecución extrajudicial de un migrante, así como casos de tortura en estaciones migratorias La información presentada en el amicus debe incentivar a la SCJN a revisar a la brevedad la Acción de Inconstitucionalidad sobre la Ley de la Guardia Nacional. En el contexto de profundización de la militarización que vivimos y que ha sido señalada con preocupación por diversos organismos internacionales, y ante la documentación de múltiples violaciones a derechos humanos cometidas por la Guardia Nacional en el ámbito migratorio, es esencial el escrutinio judicial del marco legal que faculta a dicha institución en materia de control y revisión migratoria, lo que debería implicar la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones referidas.

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