Presentan denuncias contra funcionarios y exfuncionarios de Cofepris


En conferencia de prensa, la organización civil El Poder del Consumidor informó que en días pasados se presentaron denuncias ante la Secretaría de la Función Pública en contra de funcionarios actuales y exfuncionarios de La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, relacionados con posibles conflictos de interés y el ocultamiento de los mismos.


Las denuncias en las que se presume un conflicto de interés se presentaron por las comunicaciones que tuvieron, entre 2013 y 2016, altos miembros de la COFEPRIS, como Patricio Caso y Álvaro Pérez Vega, con directivos de la empresa Coca-Cola. La finalidad de estas reuniones fue diseñar el antiguo etiquetado de alimentos, criticado por la sociedad civil, academia y organismos internacionales.


Recuerda que desde 2011, la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas introdujo en el país el etiquetado llamado Guías Diarias de Alimentación de manera voluntaria. La primera empresa en hacerlo fue Coca-Cola.


Se trataba de un etiquetado formulado y propuesto por la industria de alimentos, que establecía un criterio de azúcar del doble del máximo recomendado por la organización mundial de la salud el cual fue permitido por las autoridades.


En 2014 y, mediante un proceso opaco en el que se excluyó a sociedad civil, academia y organismos internacionales y en desapego a la ley, la COFEPRIS al mando de Mikel Arriola volvió obligatorio el uso de este etiquetado. Todo esto pese a que la OMS, la OPS, organizaciones de la sociedad civil y la academia se opusieron.


Vale la pena recordar las cartas de OPS/OMS enviadas a la Secretaría de Salud, en las que se manifestó la ineficiencia de este etiquetado. Además, mediante solicitudes de acceso a la información, se pidió información sobre la creación de este etiquetado, sobre la cual, la COFEPRIS respondió que el etiquetado no había sido elaborado por un grupo de expertos, únicamente por 2 abogados y una ingeniera.


Una de estas personas, informó COFEPRIS fue Patricio Caso Prado, exfuncionario de la misma Comisión y que ahora trabaja para Coca-Cola.


Ante la opacidad de la autoridad y la ineficiencia del etiquetado, el Poder del Consumidor, diversos consumidores y otras asociaciones civiles, interpusieron demandas de amparo en contra de la COFEPRIS, llamando al juicio a Coca-Cola y sus subsidiarias, como Jugos del Valle, como terceras interesadas.


A la par y derivado de dichos juicios de amparo, en 2020 se inició un proceso legal en los Estados Unidos llamado Foreign Legal Assistance, en el cual se puede obtener información de empresas estadounidenses que sean relevantes para un juicio en el extranjero. Un Juez en Atlanta resolvió a favor esta petición y, mediante negociaciones con abogados de Coca-Cola Company, se obtuvieron documentos, entre los cuales se encontraban comunicaciones que habían tenido altos miembros de la COFEPRIS con directivos de la empresa.


En los correos se expresaba que los miembros de la COFEPRIS entre 2013 y 2016 se habían reunido con el personal de Coca-Cola para 2 temas: colaborar mutuamente en la elaboración del etiquetado GDA, así como colaborar en una defensa sobre los litigios presentados contra la COFEPRIS y Coca-Cola, en las que se incluyen documentos con información para las pruebas periciales de los juicios y propuestas de reuniones entre funcionarios y personal de la refresquera.


“Estas interacciones, en las que el actuar de los servidores no es imparcial, sino que privilegia a un tercero, en este caso Coca-Cola, y en el que el interés de la institución, que debería ser la salud pública, es dejado de lado y se anteponen intereses particulares de una empresa; todas estas representan un conflicto de interés de los exfuncionarios de la COFEPRIS”, dijo Javier Zúñiga coordinador del área jurídica de El Poder del Consumidor.


No toda la información fue otorgada, por lo que, se buscó más información sobre estos correos mediante solicitudes de acceso a la información. La respuesta de la autoridad fue declarar lo solicitado como inexistente.


Se presume que pudo haber sido destruida por los funcionarios involucrados en las comunicaciones, por lo que El Poder del Consumidor interpuso los recursos ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mismos que fueron ganados, sin que hasta el momento se hayan cumplido las resoluciones.


De esta manera, tanto por el incumplimiento de funcionarios actuales por no otorgar la información solicitada, como por el conflicto de interés de los exfuncionarios de la COFEPRIS, se presentaron una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, y algunos de los acusados son Patricio Caso, Álvaro Pérez Vega y Mikel Arriola, entre otros.


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