
La primera demanda contra una orden ejecutiva del presidente Donald Trump corre a cargo de agrupaciones de defensa de los derechos de las personas transgénero.
Van a proceder legalmente contra el decreto del presidente convicto mediante el cual queda vetado el servicio en las fuerzas armadas, elementos transgénero, estableciendo su prohibición.
Se trata del mismo equipo legal que luchó en el primer gobierno de Trump contra la prohibición del magnate de tropas transgénero, que la Corte Suprema permitió que entrara en vigor mientras la disputa jurídica en su contra continuaba en tribunales, hasta que el demócrata Joe Biden la desechó cuando llrgota la Casa Blanca.
La orden ejecutiva de Trump indica que la identidad sexual de los miembros transgénero del servicio “entra en conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado” y es perjudicial para la preparación militar.
Shannon Minter, directora jurídica del Centro Nacional para los Derechos de las Lesbianas, señala que "la ley deja muy claro que el gobierno no puede basar sus políticas en la desaprobación de determinados grupos de personas”, sosteniendo que “eso es animadversión, y las leyes basadas en la animadversión se presumen inválidas e inconstitucionales”.
Esta agrupación junto con GLAD Law, organización de defensoría legal de la comunidad LGBTQ+, presentarían una impugnación de la orden ejecutiva ante el tribunal federal del Distrito de Columbia.
El Pentágono, dirigido ahora por un expresentador de televisión, dijo que no hace comentarios sobre litigios pendientes o en curso, pero que “ejecutará y aplicará plenamente todas las directivas esbozadas en las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente, asegurándose de que se lleven a cabo con la máxima profesionalidad, eficiencia y en consonancia con los objetivos de seguridad nacional".
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Por otro lado, un juez federal del Distrito de Columbia le asestó otro golpe al presidente convixto, al bloquear la orden del Gobierno de Trump que congelaba billones de dólares en subvenciones y ayudas federales, que causó indignación al interrumpir el programa Medicaid, que proporciona atención médica a estadounidenses de bajos ingresos, así como otros programas.
La determinación del juez respondió así a la demanda presentada por Democracy Forward, organización que argumentó que la orden —que entraba en vigor este 28 de enero violaba la Primera Enmienda.
Trump ordenó suspender los pagos de subvenciones y ayudas federales, una medida que "podría afectar el flujo de miles de millones de dólares".
Cuántas de esas personas hoy afectadas por las órdenes ejecutivas de un presidente que a diferencia de ellos, sí tiene cuentas pendientes con la ley, votaron por él.
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