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Precisa INE consecuencias de reformas electorales propuestas por el gobierno


En un pronunciamiento a pocas horas de la definición del llamado Plan de reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador con el respaldo de Morena y sus aliados en el poder legislativo, Consejeras y Consejeros del Instituto Nacional Electoral fijaron su postura.


A su juicio, la democracia vive momentos cruciales, ya que la aprobación de una reforma a las leyes electorales podría trastocar “profundamente” el sistema electoral que México ha construido y perfeccionado durante más de 3 décadas.


Exponen que como consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, manifiestan su preocupación por el contenido de las reformas que discute el Congreso de la Unión, como por el desarrollo del proceso legislativo, además de señalar que el INE nunca fue consultado sobre los contenidos de dicha reforma.


Señalan que toda reforma electoral debe estar fundada en el más amplio consenso posible entre los actores políticos y garantizar su legitimidad a partir del apego a la Constitución y a las leyes que rigen los procedimientos legislativos.


Advierten que el INE despliega su trabajo en el territorio en 300 Juntas Ejecutivas Distritales, una por distrito, y que esas Juntas desaparecerían con la reforma, lo que pondría en riesgo la confección del padrón electoral, instalación de casillas y cómputo de votos, sino el monitoreo de todas las estaciones de radio y televisión, fiscalización de actividades de partidos políticos y campañas electorales, y el cumplimiento de las obligaciones dirigidas a combatir la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, entre otras actividades.


Para las y los consejeros, eliminar la estructura permanente subdelegacional del INE y reducir el Servicio Profesional Electoral impediría contar con personal calificado, pues la reforma contempla eliminar 84.6% de las plazas que integran dicho servicio civil de carrera.


La reforma elimina a la Junta General Ejecutiva, que sería sustituida por una Comisión de Administración integrada por 5 consejeras y consejeros, desnaturalizando su función de dirección e implicándolos en tareas administrativas ordinarias como la gestión de los recursos, que son ajenas a su labor de dirección. Además, incorpora a esa Comisión al Órgano Interno de Control, lo que va en contra de su naturaleza jurídica


Sostienen que el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional llegó a sus cargos por procedimientos de reclutamiento señalados en la ley, por lo que despojarlos de sus puestos cuando no han cometido falta alguna, es atentar contra sus derechos laborales.


La reforma contempla que los trabajadores adscritos a la Rama Administrativa dejen de estar regulados por dicho Estatuto, afectando sus condiciones de trabajo y garantías laborales, lo que viola sus derechos establecidos en la Carta Magna.


También se plantea la compactación de calendarios y alteración de procedimientos, algunos en temas sensibles como la selección de funcionarios de Mesa Directiva de Casilla que reciben y cuentan votos.


Consejeras y Consejeros del INE consideran que la reforma produciría un efecto contrario al principio de progresividad de los derechos reconocidos constitucionalmente, y puede generar incertidumbre en torno a las reglas de la contienda electoral, por lo que llaman a legisladoras y legisladores a analizar los impactos de los cambios y establecer mecanismos para hacerles llegar información técnica para tomar las mejores decisiones.


Finalmente, aseguran que serán empáticos con las acciones que trabajadoras y trabajadores del INE decidan emprender por su cuenta en defensa de sus derechos laborales.

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