Un grupo de 12 organizaciones de la sociedad civil junto con Oxfam México y Oxfam América presentaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un amicus curiae para fortalecer el amparo que se encuentra en revisión de las y los ministros de la SCJN desde el 2020, para frenar la participación del Estado mexicano en el Protocolo “Quédate en México”, política contraria a nuestra Constitución que viola el debido proceso, derecho al asilo y compromisos internacionales del Estado mexicano.
A 2 meses de que una Corte en Texas ordenara a la administración del presidente Biden reinstalar el Protocolo “Quédate en México”, y a días de que el gobierno estadounidense anuncie su reinicio, organizaciones de la sociedad civil de México y Estados Unidos han llamado al gobierno mexicano a que no participe en dicha acción toda vez que una de las condiciones que se señala en la resolución de la Corte de Texas es que sin la participación del Estado mexicano el Protocolo no podrá restaurarse.
El Protocolo “Quédate en México”, también conocido como Migrant Protection Protocols, fue anunciado el 20 de diciembre de 2018, se puso en marcha en enero de 2019, y México lo aceptó en un memorando en junio de 2019.
De 2019 a enero de 2021 fueron enviadas a México más de 70 mil personas solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar sus procesos del lado mexicano. Dicha población se enfrentó a condiciones precarias de estancia (falta de acceso a salud, educación, trabajo y vivienda) además de ser sujeta de extorsiones, secuestros, violaciones, asesinatos y otros delitos violentos por parte del crimen organizado y autoridades.
Alexandra Haas, directora de Oxfam México, dijo que el documento presentado, "acredita que el Estado mexicano, si acepta que se reanude el programa, estaría violando de nueva cuenta estándares internacionales de derechos humanos que forman parte del orden jurídico nacional".
Además, "documenta graves violaciones a los derechos de las personas con necesidades de protección y sus consecuencias, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la oportunidad de poner fin a esta situación, y llamamos a las y los ministros a terminar con esta política inhumana”.
Desde febrero de 2020, la Corte tiene en sus manos la revisión de la participación del gobierno mexicano en este protocolo, sin embargo, a la fecha las y los ministros siguen sin pronunciarse.
