En un comunicado dirigido a los miembros del INE y del TEPJF, exconsejeros electorales del Instituto Nacional Electoral se pronunciaron sobre la próxima integración del Congreso y expresaron sus temores sobre la llamada sobrerrepresentación, algo que no objetaron en algunos en otro tiempo.
Recuerdan que el Consejo General del INE resolverá uno de los asuntos más importantes de los últimos años con el tema de la integración de los diputados de representación para el periodo 2024-2027, algo que estiman pasará a manos de la Sala Supetor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Dicen que no se trata de un asunto rutinario y solo aplicar una fórmula matemática, como algunos de los firmantes de esta carta avalaron en su momento, sino que tendrá que ver con el peso específico que tendrán en la Câmara de Diputados los diferentes partidos y que en la últimos años se ha buscado que entre votos y escaños exista la mayor correspondencia, razón por la que se han establecido en la Constitución, límites a la sobrerrepresentación.
Ahora, llaman a mantener vivo ese propósito y realizar la lectura más abarcante y funcional de los preceptos constitucionales, para que el Congreso refleje una pluralidad política de acuerdo con cada uno de los votos de cada fuerza política haya logrado, y eso permita llegar al principio de máxima proporcionalidad posible.
En un rebuscado documento, estos exconsejeros indican que desde su punto de vista, es importante que en la decisión que tomen INE y TEPJF en estos días, se atiendan los argumentos si vrevel asunto que se han expresado en los últimos meses
Sostienen que una lectura letrista y parcial de la fracción del artículo 54 de la Constitución, lleve al país a contar con una Câmera de Diputadoo con una representación distorsionada de las diversas corrientes.
Añaden que de su decisión, dirigiéndose a consejeras, consejeros, magistradas y magistrados, dependerá la adecuada representación de las fuerzas políticas a partir del respaldo ciudadano obtenido el 2 de junio, así como refrendar el propósito del límite máximo a la sobrerrepresentación establecidos en la Constitución de 1996, y que no se dependa de una sola fuerza política
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