Pide oficialmente Argentina a Interpol captura de Nicolás Maduro

Posibles crímenes de mesa humanidad, es el cargo bajo el cual un juez argentino notificó a la Organización Internacional de Policía Criminal, mejor conocida como Interpol, un pedido de arresto presentado en tribunales contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Esto informan fuentes de la querella, quienes indican que el juez federal Sebastián Ramos, emitió un oficio dirigido a la Interpol, a quien le pide "recabar de forma urgente, información que permita la identificación" de Maduro, así como del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, y de otros miembros del Ejecutivo venezolano con pedido de detención.

La parte demandante es el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, exhortó en un comunicado a la Interpol a "tramitar las alertas rojas para que sean detenidos los perpetradores de estos crímenes y que pueda haber justicia para las víctimas".

La Cámara Federal instruyó a principios de esta semana al juez Ramos a "disponer vía Interpol la captura internacional con fines de extradición a la República Argentina" de Maduro, Cabello y otros funcionarios venezolanos para ser juzgados por presuntos delitos de lesa humanidad, en Argentina 

Según la Cámara, la cúpula del Gobierno venezolano ejecuta "un plan sistemático, a lo largo del tiempo y de manera organizada" contra la población civil en Venezuela, aplicando prácticas de "persecución, secuestro, tortura y asesinato" desde 2014 hasta la fecha.

El caso se tramita en tribunales argentinos, e inició en enero de 2023 por una denuncia presentada por el Foro, basada en el principio de jurisdicción universal que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos independientemente de dónde se hayan cometido y la nacionalidad de los responsables o víctimas.

Por su parte, la cancillería venezolana ha expresado que este fallo violenta "la jurisdicción de los Estados y las inmunidades y privilegios" de los altos funcionarios.

Esto apenas empieza. La solicitud la hace un país cuyo gobierno es señalado en días recientes por lanzar gas pimienta a manifestantes pensionados