Pide Fiscalía española más años de cárcel para Dani Alves: se opone a libertad provisional

Una eventual libertad provisional para el exfutbolista brasileño Dani Alves está sobre la mesa, y la Fiscalía española ha expresado su oposición a que acceda a tal beneficio el exjugador de los Pumas de la UNAM.

Para la Fiscalía, está latente el riesgo de fuga porque Alves tiene recursos económicos para hacerlo, pese a que el sudamericano, acusado de abuso sexual contra una joven en una discoteca de Barcelona, aseguró este martes que no piensa huir y confía en la justicia, durante una vista realizada en la sección 21 de la Audiencia de Barcelona.

Dicha vista se llevó a cabo para decidir si deja en libertad provisional al futbolista como ha pedido su defensa, a la espera de que sea firme la sentencia que lo condenó a 4 años y medio de cárcel por el delito de violación. Al término de la sesión, Alves participó por videoconferencia desde la cárcel Brians 2 en donde lleva preso más de un año

La Audiencia debe determinar si deja en libertad a Alves, mientras el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña analiza los recursos presentados por la Fiscalía y por la acusación particular ejercida por la víctima contra la sentencia que lo condenó por violar a la joven en un baño de la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de diciembre de 2022.

Fiscalía y acusación particular de la víctima, siguen exigiendo que la pena carcelaria contra Alves se eleve a lo demandado desde el inicio del proceso, que va de 9 a 12 años de prisión.

La defensa del exfutbolista aduce que la capacidad económica no es tal, pues a raíz de su arresto se cancelaron los patrocinios que tenía firmados Dani con varias marcas, perdió su trabajo en el club Pumas y no ha cobrado la suma que le adeuda Hacienda por un procedimiento tributario que se resolvió a su favor.

De acuerdo con su abogada, Inés Guardiola, Alves cumplió además el pasado 5 de marzo con una cuarta parte de su condena, por lo que de ser firme la sentencia podría acceder a permisos e incluso al que la pena impuesta es muy inferior a la que solicitaban las acusaciones, y que el Tribunal puede tardar hasta un año en resolver sobre el asunto.

La defensa volvió a pedir la absolución, acepta que se imponga a Alves una fianza de 50 mil euros, además de la retirada del pasaporte y comparecencias semanales en el juzgado.