El 25 de agosto de 2011 un grupo de sicarios incendiaron el Casino Royale de Monterrey provocando 52 muertes, en tiempos de gran violencia en el país por la guerra del gobierno federal contra el crimen organizado.
Grupo Royale era un conjunto de salas de apuestas y de entretenimiento con sucursales en Monterrey, Mazatlán, Los Cabos y Escobedo bajo el nombre «Fantastic Escobedo». El casino Royale San Jerónimo se localizaba en Jesús María González y San Jerónimo, siendo sus propietarios Raúl Rocha Cantú y José Alberto Rocha Cantú, quienes también fungían como dueños de Conexiones y Mangueras S.A. y Entertainment Enterprises of México S.A. de C.V.
Fue inaugurado en noviembre de 2007 y ya había recibido otros ataques: el 17 de enero de 2011, se supo que ya había sido víctima de la delincuencia organizada y que un comando armado había entrado a las instalaciones sometiendo a las personas presentes, hecho negado por su apoderado legal del inmueble.
El 4 de mayo del 2011, el casino había sido clausurado por el Municipio de Monterrey por carecer de los permisos para ampliar sus instalaciones y reabrió puertas el 31 de mayo gracias a un amparo.
El 25 de agosto, un grupo de al menos 15 personas incendió el lugar.
Minutos antes de las 2 de la tarde un grupo de la banda de "Los Zetas" y uno de sus jefes se reunieron en el restaurante "El Gran Pastor", de la avenida Gonzalitos en Monterrey, y una hora después tomaron rumbo a una gasolinera para cargar bidones con gasolina, y enfilar hacia el casino.
El ataque ocurrió minutos antes de las 4 de la tarde cuando hombres armados bajaron de 4 automóviles, y entraron al local realizando disparos. Robaron las pertenencias a algunos clientes, destruyeron varias máquinas y rociaron al menos 4 bidones de gasolina en el área de bingo para iniciar el fuego, saliendo algunos de ellos por la puerta principal, lo cual se hizo imposible conforme las llamas crecieron en pocos minutos.
Por la desesperación, algunas personas fueron pisoteadas por la estampida, y las salidas de emergencia estaban cerradas con llave. Todas las víctimas murieron asfixiadas por intoxicación con monóxido de carbono, en baños y oficinas luego de tratar de huir de los agresores subiendo al segundo piso del establecimiento.
El alcalde de la ciudad Fernando Larrazábal y Juana María Treviño Torres, presidenta del Tribunal de lo Contencioso, intercambiaron acusaciones; Larrazábal señaló al tribunal por permitir la reapertura del casino, y Treviño acusó a Protección Civil de Monterrey por no verificar las salidas de emergencia. 3 mil militares y policías federales fueron enviados a la ciudad para resguardar la seguridad y 26 familias de las víctimas demandaron indemnización y gastos de hospitalización y funerarios, aunque la empresa se deslindó de toda responsabilidad. El acto fue atribuido al crimen organizado y en específico a los Zetas.
Asimismo, el 26 de agosto, se encontraron tres autos robados que coincidían con los captados por cámaras cercanas al casino y El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, informó el 29 de agosto de los primeros cinco detenidos por el incendio en el Casino, confesos de participar en el crimen, más tarde fueron capturados otros sicarios.
El 14 de septiembre el Sub Procurador de Control Regional de la PGR, Cuitláhuac Salinas, dió una lista de 18 involucrados en el ataque incluidos 4 líderes Zetas, de los cuales 3 fueron capturados y el último, abatido en 4 Abril 2012.
Una de las grandes matanzas perpetradas por el crimen organizado desde que el gobierno de Felipe Calderón les declaró la guerra en 2006.
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