La muerte en custodia de la joven iraní Mahsa Amini por presuntamente llevar mal puesto el velo islámico, derivó en una serie de actos que afectaron mayormente a mujeres, niños y minorías, los cuales fueron reprimidos por el Gobierno de Irán.
Esto concluyó la Misión de Internacional de Investigación formada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para esclarecer lo ocurrido en esos eventos y los meses que siguieron, en donde la represión se hizo más fuerte y generalizada por parte del régimen de Teherán.
Dichai Misión pudo confirmar la muerte de 551 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, entre ellos al menos 49 mujeres y 68 menores de edad, la mayoría por heridas de bala.
En un primer informe presentado el viernes ante la ONU, la Misión reportó que hubo ejecuciones extrajudiciales y homicidios, desapariciones forzadas, violaciones, torturas, persecución por motivos de género y un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza.
En sus indagaciones, la Misión constató que la persecución por motivos de género se entrecruzaba con la discriminación por motivos étnicos y religiosos en una serie de violaciones de los derechos humanos en los que el Gobierno iraní utilizó “todo el aparato de seguridad del Estado”.
La muerte de la joven Amini, de 22 años de edad, de origen kurdo-iraní, desencadenó la indignación entre las mujeres que salieron a las calles de varias. Unidades de Irán en un hecho sin precedentes para reclamar sus derechos.
Sobre el caso Amini, los expertos de la Misión pudieron determinar que la causa de su muerte fue la violencia física que sufrió durante su detención, algo que el gobierno buscó cubrir negando acceso a evidencias y a justicia para la víctima y sus deudos.
El informe apunta que las fuerzas de seguridad, además de matar, causaron lesiones a los manifestantes, en particular en el área de los ojos, con decenas de mujeres, hombres y niños que quedaron ciegos. Durante las detenciones, las autoridades estatales torturaban a las víctimas para arrancarles confesiones o humillarlas y hubo casos de mujeres y niñas violadas en actos que incluían violación en grupo o con un objeto, electrocución de los genitales, desnudez forzada y tocamientos.
La Misión de investigación también descubrió que el gobierno había ejecutado a al menos 9 jóvenes entre diciembre de 2022 y enero de 2024, tras juicios sumarios basados en confesiones obtenidas bajo tortura.
Las investigaciones también han establecido que las autoridades al más alto nivel animaron y justificaron todas estas violaciones de los derechos humanos para apagar las protestas.
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