Ordena la Corte liberar Juana Hilda González Lomeli: presa mas de 19 años

El Instituto Federal de Defensoría Pública informa que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo directo promovido por Juana Hilda González Lomeli, y le concedió la protección constitucional, ordenando su inmediata y absoluta libertad, tras permanecer privada de la libertad durante 19 años y 5 meses.

Con una mayoría de 4 votos, ministras y ministros aprobaron el proyecto presentado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el cual refrenda el papel de la Corte como tribunal constitucional y analiza a profundidad las violaciones a derechos humanos cometidas a lo largo de todo el proceso penal seguido contra Juana Hilda.

Juana Hilda fue acusada mediante pruebas falsas del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, hijo de la empresaria y activista Isabel Miranda, y cercana en de tiempo del presidente Felipe Calderón

La SCJN consideró que, como lo argumentó la defensa del Instituto Federal de Defensoría Pública, la confesión de Juana Hilda no fue libre ni voluntaria, sino obtenida mediante presiones, intimidaciones y amenazas, en un contexto de arraigo.

Por ello, se declaró la nulidad de su declaración y de cualquier otra prueba derivada con violación a sus derechos humanos.

Juana Hilda González Lomelí fue detenida mediante orden de localización y presentación el 10 de enero de 2006, posteriormente arraigada hasta el 6 de abril de 2006, cuando se ejerció acción penal en su contra.

Su confesión ocurrió precisamente en este contexto de arraigo, coacción y tortura psicológica, el 8 de febrero de 2006.

La sentencia de apelación respecto de la que se presentó el amparo directo que hoy se resuelve, fue emitida por el entonces Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito que modificó la sentencia condenatoria y le impuso una pena de 78 años y 9 meses de prisión, utilizando como base, la confesión de Juana Hilda obtenida mediante tortura.

La Primera Sala consideró que las pruebas restantes, ofrecidas por el Ministerio Público y no afectadas por dichas violaciones, resultan insuficientes para demostrar la responsabilidad penal de Juana Hilda en el secuestro de HAWM, más allá de toda duda razonable

La resolución se suma a los criterios jurisprudenciales de la Primera Sala en materia de debido proceso y juicio justo y reitera que, sin importar la gravedad del delito imputado, la justicia federal debe actuar conforme a los más altos estándares constitucionales y convencionales de derechos humanos. Entre ellos, la prohibición absoluta de la tortura y el principio de exclusión de pruebas ilícitas.

El fallo pone de relieve algunas de las violaciones más persistentes del sistema penal tradicional, como la obtención de pruebas bajo tortura, las violaciones al derecho de defensa y el uso de estereotipos y prejuicios de género en la valoración judicial de la prueba, que aún mantienen a miles de personas sujetas a proceso penal en el ámbito federal.

EI IFDP sostiene también que esta resolución debe tener efectos inmediatos en los casos de las personas coprocesadas: César F., Albert y Tony C., cuyos juicios de amparo directo estaban suspendidos en espera de esta decisión; así como de Brenda Q. y Jacobo T., quienes continúan procesados.

En todos estos casos, la acusación se basa en las mismas pruebas que la SCJN declaró nulas, por lo que deberán excluirse de forma inmediata.