Esta vez, la represión del gobierno presuntamente sandinista de Nicaragua contra el sector religioso fue dirigido a la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo, que se dedicaba al servicio de los pobres con alimentos, vestuario y oración.
El régimen de Daniel Ortega ordenó la cancelación de la personalidad jurídica de esta Fundación, y para que el atraco fuese completo, expropió sus bienes, en una resolución publicada en el diario oficial La Gaceta.
La resolución del Ministerio de Gobernación ordena la clausura de esa asociación católica, donde colaboraban unas monjas brasileñas que abandonaron el país, luego de que el gobierno de Ortega se habría negado a renovarles sus permisos de residencia.
La asociación religiosa laboraba en Nicaragua desde 2016 y su sede se ubicaba en el departamento de León, a 90 kilómetros de la capital, Managua. Su inscripción formal data de 2019, y según las autoridades, la organización religiosa no había renovado su junta directiva desde 2021 ni había reportado estados financieros entre 2020 y 2022.
De hecho, son los mismos pretextos que usó el gobierno para sancionar y desaparecer a miles de organizaciones no gubernamentales en los últimos años, en especial luego de que el régimen acusó a la Iglesia de participar en las protestas sociales de 2018, que el gobierno calificó como "un fallido golpe de Estado” y en donde murieron durante la represión centenares de personas.
Eso sí, como habría que quitarle todo a la Fraternidad Pobres de Jesucristo, el Ministerio de Gobernación dispuso antes de la sanción, confiscarle sus propiedades, luego de que la Procuraduría General de la República recibió la indicación de traspasare sus bienes muebles o inmuebles al Estado de Nicaragua.
El cierre de esta ONG religiosa y la salida de las monjas hacia El Salvador, es uno más de los ataques del gobierno sandinista contra la Iglesia católica, en los cuales uno de sus obispos, monseñor Rolando Álvarez, está condenado a 26 y 4 meses de prisión en la cárcel Modelo de Managua, por negarse a ser deportado de Nicaragua junto a 222 "presos políticos” excarcelados y enviados en un avión a Estados Unidos.
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