Las garantías individuales se van a quedar un mes más en los cajones de las oficinas de los legisladores salvadoreños.
El Congreso de El Salvador aprobó la prórroga del régimen de excepción número 22, que mantiene suspendidos entre otros aspectos los derechos relacionados al plazo de detención, defensa e intervención de telecomunicaciones.
El gobierno volvió a pedir una extensión del estado de excepción, y justificó que la medida que aplica desde el 27 de marzo de 2022, permitió la captura de más de 75 mil presuntos pandilleros, de los que algunos miles fueron dejaron en libertad con el clásico "usted disculpe".
Con la suspensión de garantías que sigue prorrogando el Congreso salvadoreño, se permite extender el plazo máximo de detención de 72 horas a 15 días, así como no informar de manera inmediata de los derechos y las razones de detención a un sospechoso, ni garantizar la asistencia jurídica.
La medida se aprobó con 67 de 84 votos, y para el gobierno, esto es necesario porque “permanecen” pandilleros y sus cabecillas “en libertad” y suspender la medida sería un “retroceso”.
Guardadas las proporciones, es como escuchar a Estados Unidos hablando sobre el cese al fuego en Gaza.
La nueva prórroga se mantien hasta el 10 de febrero, por lo que estará vigente cuando se celebran las elecciones presidenciales y legislativas el 4 de febrero.
Según Eduardo Escobar, miembro de la asociación Acción Ciudadana, el régimen de excepción puede beneficiar al Tribunal Electoral en la organización de las elecciones, facilitando el acceso a los centros de votación que “podrían haber sido” inaccesibles “antes por las pandillas”.
La violencia en El Salvador ha disminuido desde 2016 cuando el Instituto de Medicina Legal reportó 5 mil 280 muertes dolosas.
En 2023, año que según el gobierno ha sido el más seguro en la historia del país, hubo solo 194 homicidios, según informes de la Policía Nacional Civil, t la cifra oficial es de apenas 154, porque no no incluye asesinatos de supuestos pandilleros.
Del otro lado de la mesa, la ONG Cristosal registró hasta el 9 de enero 3. mil 695 presuntas víctimas de detenciones arbitrarias y otras violaciones a los derechos humanos, mientras que el organismo Socorro Jurídico Humanitario tiene documentadas 220 personas detenidas muertas dentro de las cárceles hasta el 30 de diciembre de 2023.
Eso sí, la última encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de evaluación del gobierno en mayo de 2023, registró un 97,7 % de la población entrevistada que consideró que la delincuencia ha disminuido con el actual gobierno, y de esa tasa, 68,7 % lo atribuyó al régimen de excepción o a la captura de pandilleros.
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