Nueva defensa de Coparmex de organismos autónomos ante amenaza de desaparición

La Confederación Patronal de la República Mexicana manifestó su preocupación y desacuerdo con la intención del Presidente de la República de promover una iniciativa de reforma constitucional para desaparecer los órganos autónomos.

La patronal afirma de manera enfática que seremos férreos defensores de su permanencia y fortalecimiento, pues a su juicio, son pilares fundamentales para el equilibrio de Poderes en nuestro país, t sistemas que garantizan derechos de las personas.

Los empresarios consideran que su eliminación sería serio retroceso para el desarrollo democrático de México, y que les toca como sociedad defender lo que ganado a lo largo de los años con la creación de estos organismos que son defensores de nuestros derechos frente a diversos actos de poder.

Precisan que el fortalecimiento para estos organismos incluyen los nombramientos completos de sus integrantes y garantizar el presupuesto suficiente para su operación.

Para Coparmex, las instituciones sirven a la sociedad, pues garantizan el derecho a la transparencia de las acciones de los gobiernos, a la rendición de cuentas, a la protección de datos personales, al cumplimiento de las regulaciones en distintos temas, así como al correcto funcionamiento de las telecomunicaciones y mercados a través de la libre competencia.

A su juicio, las funciones especializadas y atribuciones que ejercen como órganos garantes constitucionales desde sus distintas áreas, son determinantes para la estabilidad del principio de División de Poderes, así como la vigencia efectiva de los derechos humanos.

Pero su función principal ha sido la de acotar el poder y contenerlo para evitar el autoritarismo; así como avanzar en el goce de los derechos ciudadanos.

Los patrones advierten que debilitarlos y concentrar todas las decisiones en un solo Poder, representaría una regresión autoritaria contra la cual los ciudadanos hemos luchado durante décadas.

Por ello, insisten en que deben operar con todos sus integrantes, sin que las dilaciones en los nombramientos minen su capacidad de acción.

Además, deben contar con los recursos presupuestales, técnicos y humanos para que puedan ejercer a plenitud las obligaciones que la Constitución y las leyes les han asignado.