No proteger el planeta del cambio climático podría violar el derecho internacional, advierte CIJ

La Corte Internacional de Justicia emitió una opinión en el tema de las obligaciones de los países para abordar el cambio climático y las consecuencias que podrían enfrentar si no lo hacen, calificándolo el fenómeno como una amenaza “urgente y existencial” para la humanidad.

La opinión no vinculante, que se extiende a más de 500 páginas, se considera un posible punto de inflexión en el derecho internacional sobre el clima, y de acuerdo con el presidente de la corte, Yuji Iwasawa,“el incumplimiento de un estado en tomar medidas apropiadas para proteger el sistema climático puede constituir un acto internacionalmente ilícito”.

El caso está liderado por la nación de Vanuatu y cuenta con el respaldo de más de 130 países. Tras años de cabildeo por parte de naciones insulares vulnerables que temen desaparecer bajo el aumento de las aguas del mar, la Asamblea General de la ONU solicitó a la Corte Internacional de Justicia en 2023 una opinión consultiva, una base importante para las obligaciones internacionales.

En la década hasta 2023, los niveles del mar aumentaron en un promedio global de alrededor de 4,3 centímetros, con partes del Pacífico subiendo aún más. El mundo también se ha calentado 1,3 grados Celsius desde tiempos preindustriales debido a la quema de combustibles fósiles.

Vanuatu es uno de un grupo de pequeños estados que presionan por una intervención legal internacional en la crisis climática, pero afecta a otras naciones insulares en el Pacífico Sur

Todos los estados miembros de la ONU, incluidos los principales emisores de gases de efecto invernadero como Estados Unidos y China, son partes de la corte. Estados Unidos y Rusia, ambos grandes productores de petróleo, se oponen a que la corte ordene reducciones de emisiones.

La CIJ también declaró que un “entorno limpio, saludable y sostenible” es un derecho humano, postura que allana el camino para acciones legales incluyendo que los estados acudan a la Corte para rendir cuentas entre sí, así como demandas nacionales, junto con instrumentos legales como acuerdos de inversión.