No es prioridad para el Poder Judicial, hacer justicia, ni encontrar la verdad en caso Ayotzinapa: Gobernación

En un comunicado de la Secretaria de Gobernación, el Gobierno de México coincide y suscribe la postura y manifestaciones de la Fiscalía General de la República respecto a la decisión de la jueza segundo de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, así como de los magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, quienes ordenaron que 8 militares vinculados al caso Ayotzinapa llevaran su proceso en libertad.

La dependencia federal afirma que no le extraña la posición del Poder Judicial de la Federación en el caso Ayotzinapa, pues denuncia  que, dentro de sus prioridades, nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. 

Por el contrario, dice Gobernación, dicho poder se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso.

En el texto, también firmado por la Comisión de la Verdad para el acceso a la Justicia de Ayotzinapa, el gobierno federal asegura que una vez más, el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia. 

Lo acusa que, encubiertos en tecnicismos, no ponderan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición, y recuerda que no puede pasar desapercibido que fue el mismo Poder Judicial el que liberó a 62 implicados en los hechos, al argumentar que habían sido torturados, pero no han actuado en contra de torturadores, como es el caso de Tomás  Zerón, quien sigue pródigo en Israel.

Denuncia Gobernación que el Poder Judicial también intentó dejar en libertad al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, a través del cambio de sus medidas cautelares, lo cual se impidió gracias al trabajo coordinado entre la fiscalía y otras dependencias del Gobierno de México.

Sostiene que, ahora, sin ningún fundamento legal, ellos mismos ordenan poner en libertad a 8 militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército.

y, de esta manera, seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano y perjudicar el compromiso del presidente de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos. 

Todo ello, por razones estrictamente políticas, el daño que se ha hecho es inconmensurable, y con estas decisiones el Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia.

Añade Segob que para el Gobierno de México, el caso Ayotzinapa es un asunto de Estado, y pedirán a la fiscalía solicite la revisión de las medidas cautelares tomando en cuenta factores de riesgo y  elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto del año pasado, pero que el mismo tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos. 

De igual modo, se solicitará a la FGR que, de ser procedente, se otorguen nuevas 

órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación, reiterándole que el Gobierno de México refrenda su compromiso con la legalidad y, lo más importante, con el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos. 

La búsqueda continuará hasta encontrarlos, finaliza el comunicado