El gobierno de Nicaragua ha “intensificado la persecución de los miembros de la Iglesia Católica” en un contexto de “deterioro constante” de las libertades, denunció la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. En los últimos 3 meses la Oficina ha documentado casos de graves violaciones cometidas por funcionarios del Estado, dijo la Alta Comisionada adjunta, Nada Al-Nashif, en una actualización al Consejo de Derechos Humanos. Al-Nashif explicó que “persiste el silenciamiento de las voces críticas en un contexto de miedo y hostigamiento generalizados por parte de las autoridades, que prácticamente no deja espacio para ningún debate público abierto e inclusivo”. En abril y mayo se produjeron nuevas oleadas de privaciones arbitrarias de libertad, entre ellas de defensores, opositores políticos, periodistas, miembros del movimiento campesino y personas vinculadas a la Iglesia Católica La Iglesia reportó que seis de sus miembros fueron expulsados del país y otros cuatro detenidos sólo este año. Las cuentas bancarias de al menos tres diócesis fueron congeladas y durante las celebraciones de Semana Santa, la policía habría hostigado e intimidado a sacerdotes y participantes en procesiones. La Alta Comisionada adjunta reiteró su llamamiento a las autoridades nicaragüenses para que restablezcan un diálogo significativo con la Oficina y con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas; y para que cumplan sus obligaciones internacionales en esta materia.
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