El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reveló que va a apelar la orden de arresto que emitió la Corte Penal Internacional (CPI) contra él y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra en la brutal respuesta del ejército judío contra la población de la Franja de Gaza.
La respuesta israelí al ataque de Hamás el 7 de octubre de octubre del 2023, donde murieron mil 200 personas, derivó en la letal respuesta hebrea con un saldo parcial casi 45 mil palestinos muertos.
La oficina de prensa del premier dijo en un comunicado que "Israel presentó a la Corte Penal Internacional (CPI) un aviso de su intención de apelar ante el tribunal con una demanda para retrasar la ejecución de las órdenes de arresto”.
La notificación, "revela en detalle lo inverosímil y carente de fundamento fáctico o legal que fue la decisión de emitir las órdenes de arresto”, dice el texto.
El Gobierno israelí afirmó además que no reconoce la autoridad de la Corte Penal Internacional ni las órdenes de detención, aunque la orden de arresto supone un dolor de cabeza para el presunto criminal de guerra, quien no podrá viajar a los países que firmaron el Acuerdo de Roma.
Francia, que sí firmó el compromiso, ya piso en tela de juicio su aplicación debido a que Netanyahu pertenece a un país que no reconoce la jurisprudencia del tribunal.
El cambio de opinión poco ética del gobierno francés está relacionada con la participación de Francia en las negociaciones para el cese al fuego en el Líbano, condicionada por Israel al compromiso de que París no cumpliría con la orden de arresto.
Reino Unido ha dicho que respetará lo que decida la Justicia local sobre la aplicación o no de la orden de arresto, y un vocero del primer ministro laborista Keir Starmer señaló que el país no se ha encontrado hasta ahora en ese escenario, pues "nunca un acusado por la CPI ha viajado al Reino Unido”.
El anuncio de la apelación se produjo luego de una reunión entre Netanyahu y el senador estadounidense Lindsey Graham en Jerusalén, uno de los personajes más radicales e intervencionistas del Congreso estadounidense. Ambos habrían hablado sancionar a países que cooperen con la Corte Penal, lo que reafirma el desprecio que tiene Estados Unidos por la ley internacional.
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