La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modificó, por mayoría de votos, el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 536 del 2023, mediante el cual se emitieron lineamientos sobre elección consecutiva para senadurías y diputaciones por ambos principios para el proceso electoral federal 2023-2024.
La controversia se originó cuando diversas personas, así como los partidos Morena, Acción Nacional y del Trabajo, acudieron a la Sala Superior alegando, que los lineamientos de reelección restringen el derecho político-electoral al voto, en su vertiente pasiva.
La Sala Superior avaló una parte del acuerdo, en esencia, debido a que:
1. La autoridad electoral no impuso restricciones al derecho de la ciudadanía de ser votada.
2. Los lineamientos no generan contradicción con la ley ni con la Constitución.
3. Es constitucional la exigencia de que las candidaturas externas deban ser postuladas consecutivamente por el mismo partido o cualquiera que en su momento conformó la coalición, salvo que renuncien al grupo parlamentario correspondiente antes de la mitad de su mandato.
4. Es válida la exigencia donde, para que opere la reelección consecutiva, la postulación debe hacerse por el mismo ámbito territorial por el que obtuvieron su constancia de mayoría, pues esto es compatible con los fines de la reelección.
No obstante, en lo que respecta al deber de los partidos de tomar en cuenta, previo a la solicitud del registro de las candidaturas, si alguna de ellas está inscrita en el registro de personas infractoras en materia de violencia política de género y, de ser el caso, valorar su postulación, se determinó que el INE excedió su facultad.
Lo anterior, debido a que el registro de una persona en la lista mencionada no implica causa de inelegibilidad, sino que tiene doble función.
Por una parte, facilita la comunicación y coordinación, entre autoridades electorales y ofrece a la ciudadanía información de personas que han incurrido en violencia política de género .
Por la otra, es una medida de reparación que debe ser dictada por una autoridad jurisdiccional.
Por tanto, el INE no cuenta con las atribuciones para darle un efecto adicional a la lista..
Comments