Al mandatario de Florida, Ron DeSantis, no solo le dan dolores de cabeza por la paliza que le da hasta ahora Donald Trump en los sondeos para la elección del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos en los comicios de 2024.
Su actitud hacia todo lo que huela a migrante le está abriendo otro frente, porque grupos en favor de los derechos civiles presentaron una demanda contra la ley migratoria SB1718 de Florida, impulsada por el gobernador poco antes de iniciar su campaña por la nominación republicana.
Juzgan que la legislación es “inconstitucional, xenofóbica” y “criminaliza” a la comunidad inmigrante en un estado como Florida, donde “la quinta parte de la población nació en el extranjero”.
La demanda, fue lanzada por el Southern Poverty Law Center, la Unión Americana de Libertades Civiles y su sección de Florida, así como por Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council.
Se precisa en la querella que está ley migratoria es “una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el estado”, no solo para inmigrantes, además de que es una legislación “discriminatoria".
La demanda va dirigida contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis; la fiscal general del estado, Ashley Moody; el fiscal estatal de Florida Nicholas B. Cox y los fiscales generales de los 20 circuitos judiciales de Florida, en nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y personas afectadas, incluidos ciudadanos estadounidenses y conductores y pasajeros indocumentados que viajan hacia y desde Florida.
En un comunicado Paul R. Chávez, abogado supervisor sénior del Proyecto de Justicia para los Inmigrantes de Southern Poverty Law, señala que es una “ley dañina”, y advierte que está diseñada para “infligir crueldad” a la comunidad inmigrante, es “inconstitucional y socava nuestra democracia”.
Las organizaciones denunciantes sostienen que una serie de secciones de la SB1718 perjudican a los inmigrantes de Florida y sus familias, y “busca atacar e intimidar a las familias inmigrantes en todas las facetas de sus vidas”.
Por ejemplo, esta ley, que entró en vigor el 1 de julio, “inhibe e intimida a los inmigrantes de Florida que buscan atención médica”, amplía los requisitos del sistema para verificar la elegibilidad del empleado y aumenta las sanciones a las empresas.
De igual modo, la ley prohíbe que el Gobierno local financie nuevas tarjetas de identificación comunitarias e invalida ciertas licencias de conducir de estados como Cobnecticut, Vermont, Delaware y Hawái.
Esta legislación “no es la solución a ningún problema”, sino “un intento de usar como chivos expiatorios y aterrorizar a familias y trabajadores vulnerables que ya están agobiados por la dificultad del proceso de inmigración federal”, denunció, por su parte, Amien Kacou, abogado de ACLU de Florida.
En el documento, las organizaciones de derechos civiles insisten en que la ley migratoria “criminaliza inconstitucionalmente el acto de transportar a una amplia categoría de inmigrantes a Florida”.
Ello “pone a miles de floridanos y residentes de otros estados, tanto ciudadanos como no ciudadanos, en riesgo de ser arrestados, acusados y procesados” por el “delito grave” de transportar a Florida a personas bajo una terminología “vagamente definida”.
De manera que es posible que “familias no puedan visitarse a través de las fronteras estatales”, que “padres que viven cerca de la frontera estatal no puedan llevar a sus hijos a citas médicas o partidos de fútbol”, o los compañeros de trabajo no puedan llevarse unos a otros al puesto de trabajo.
“La Sección 10 inflige un daño enorme a la capacidad de las personas para llevar a cabo su vida diaria”, advierte la demanda. (Efe)
