El discurso anticorrupción del gobierno de México parece no estar respaldado por los resultados, o al menos eso no se refleja en el reporte dado a conocer ayer por Transparencia Internacional.
Transparencia Internacional, organismo con sede en Berlín, presentó su edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción, dónde se registra la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, mujeres y hombres de la academia y negocios sobre la situación que guarda la corrupción en 180 naciones evaluadas. México sigue saliendo mal parado.
Nuestro país mantuvo la calificación de 31 puntos que tuvo 2020, en una escala de cero a 100, donde 100 sería la mejor calificación posible, con lo cual se ubica en la posición 124 de 180 países evaluados por Transparencia Internacional, muy lejos de naciones con los mejores registros en materia de Transparencia, como son Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia Suecia, Singapur o Noruega, que se encuentran en los sitios más altos de la tabla con cifras por encima de los 80 puntos.
México tiene la misma calificación que naciones como Gabón, Níger y Papúa Nueva Guinea. Los países peor evaluados fueron Siria y Somalia con 13 puntos, así como Sudán del Sur, obtuvo solo 11 puntos.
Más aún, México es el país peor evaluado en términos de corrupción de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, mientras que en el G20, ocupa la posición 18, por encima de Rusia en la posición 19. La Unión Europea, que también forma parte del G20, no es evaluada en bloque sino por país.
La lucha contra la corrupción ha sido el eje de la administración federal 2018-2024 que cuenta con un amplio apoyo social para avanzar. Sin embargo, casos como la Estafa maestra, Odebrecht, Agronitrogenados, Ex-presidentes, no han sido sancionados en materia penal, y tampoco hay recuperación de activos desviados por estos y otros casos de corrupción y la reparación del daño a las víctimas, es prácticamente inexistente.
El informe explica que hay una creciente preocupación por el uso político-electoral en las fiscalías mexicanas, que pese a gozar en muchos casos de autonomía formal, no son vistas como órganos independientes al gobierno. Su actuación presenta sesgos favorables o negativos dependiendo del grupo político al que se investiga.
Transparencia recomienda a México que la gran corrupción debe pasar de las investigaciones a sanciones efectivas, donde los integrantes de las redes deben ser sancionados y los activos desviados deben reintegrarse al patrimonio nacional.
Sugiere además que el Sistema Nacional Anticorrupción debe ser evaluado con un enfoque de resultados y no solo de procesos, además de mantener la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT en materia anticorrupción, así como aprovechar el apoyo social en esta materia para enfrentar las redes de corrupción operantes, y en muchos casos vinculadas a redes criminales.
