A 9 años de los hechos de violencia en Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014 en los que desaparecieron 43 estudiantes de Ayotzinapa, no se ha logrado conocer el paradero de los jóvenes, se deben esclarecer definitivamente los hechos y sancionar a las personas responsables. Esto asegura la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien asegura que ha activado todos sus mecanismos disponibles para impulsar la búsqueda de los estudiantes. Entre ellos, destaca la medida cautelar para la búsqueda de los 43 estudiantes, la atención de los sobrevivientes de los ataques y la adopción de medidas concertadas con las familias y representantes para la atención de los hechos. Después, se instaló el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) para brindar asistencia técnica y coadyuvancia a las autoridades encargadas de procurar justicia y la búsqueda de los estudiantes. El GIEI culminó sus actividades el 31 de julio pasado con un informe . En 2016, la CIDH creó el Mecanismo Especial de Seguimiento del Caso Ayotzinapa que ha emitido 3 informes de seguimiento con sus respectivas recomendaciones, además de convocar a audiencias públicas del caso y sostenido reuniones con autoridades del Estado mexicano, familias de las víctimas y representantes. La CIDH reconoce que los esfuerzos realizados por México durante la presente administración, en particular para la creación e implementación de un modelo institucional con el objeto de reorientar la atención del caso Ayotzinapa. Recuerda la instalación de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa, así como la apertura al escrutinio internacional mediante la instalación de un equipo del MESA y la reactivación del GIEI. En cuanto a los avances de la investigación y sanción de los responsables, la CIDH valoró positivamente la reactivación de las búsquedas en terreno y la identificación genética de 2 estudiantes, lo que se suma a la identificación genética previa de Alexander Mora Venancio en 2014. Más sin, la CIDH saluda la emisión de las órdenes de aprehensión que trascendieron el ámbito municipal o estatal, e incorporaron agentes de procuración de justicia y agentes militares. Sin perjuicio de lo anterior, la CIDH tomó nota en su momento que algunas órdenes de aprehensión que incluían a elementos militares fueron retiradas por autoridades ministeriales en 2022. No obstante las órdenes fueron confirmadas en 2023 y estarían siendo cumplidas. Por otra parte, la CIDH observa el cambio de medida cautelar de prisión ordinaria a prisión domiciliaria, otorgada a un general del Ejército investigado, cambio calificadopor la representación de las familias de los estudiantes como "inusual" bajo el argumento de que se trataría de un trato preferente por ser el beneficiario un integrante del Ejército. La CIDH observa con preocupación que los avances se han ralentizado debido a la falta de entrega de información relevante por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, incluso en contra de las órdenes presidenciales de entregar toda documentación relacionada con el caso, tal como ha sido reportado por el GIEI. La CIDH reitera su llamado a profundizar los esfuerzos estatales para romper el "pacto de silencio", garantizando medidas de seguridad y protección a quienes aporten elementos para avanzar en la investigación y determinar el paradero de los estudiantes. Finalmente, insta al poder judicial para establecer responsabilidades penales de las personas judicializadas, y sancionar en a los autores responsables
Comentarios