En una nota informativa, la Fiscalía General de la República hace sus precisiones en torno al caso de Emilio Lozoya, y menciona que desde 2017, el escándalo de corrupción internacional más grave que ha habido en América Latina, denominado Odebrecht, se había “congelado” en la Procuraduría General de la República, sin que hubiera ningún avance; y fue hasta 2019, en que la nueva Fiscalía General de la República investigó el caso, que fue ratificado por Pemex al igual que el asunto de Agronitrogenados, en los que Emilio Lozoya era uno de los principales responsables.
Precisa que una vez que se obtuvo la judicialización de esa persona, una filtración alertó al acusado, dándole la oportunidad de que huyera del país.
Durante más de un año, la Fiscalía General de la República investigó dicha fuga, junto con las áreas de INTERPOL; hasta que fue localizado en España, donde dicho individuo perdió todas las instancias de extradición frente a las acciones de la FGR.
En esas circunstancias, el acusado solicitó el criterio de oportunidad que la ley señala en el el Código Nacional de Procedimientos Penales para denunciar a sus cómplices y encubridores en ambos casos; y para buscar y aportar todas las pruebas necesarias para su judicialización; presentando en el asunto Odebrecht la denuncia correspondiente en fecha 11 de agosto de 2020, habiendo aportado pruebas que se han ido desahogando, lo que permitió judicializar a un primer grupo de legisladores que recibieron sobornos millonarios para votar en favor de las pretensiones de Odebrecht.
La Fiscalía apunta que Lozoya Austin sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan el 3 de noviembre, según el acuerdo del Juez de Control del Reclusorio Norte que lleva el caso.
Añade que los procesos en contra del acusado y de quienes recibieron los sobornos continuarán con la transparencia que se ha llevado en este caso y que fue dada a conocer públicamente a todos los medios por esta Fiscalía, el 6 de enero de 2021.
