Si se profundiza la violencia y las protestas en Perú, buena parte se le puede adjudicar al desacreditado Parlamento.
Los congresistas han puesto por encima de todo el país sus intereses personales o de grupo político, y bloquearon hasta el mes de agosto cualquier debate para adelantar las elecciones.
Esto cierra la puerta a la realización de comicios generales este año, tras desechar todas las iniciativas presentadas para realizar comicios en 2023, incluida una de la presidenta Dina Boluarte.
Los más de 50 muertos no convencieron a estos parlamentarios para dejar sus curules este mismo año por la vía de las urnas.
El viernes, la Comisión de Constitución parlamentaria rechazó debatir una iniciativa presentada por Boluarte, que planteaba adelantar las elecciones presidenciales y congresales a octubre de 2023, y para rechazar la iniciativa, argumentaron un tecnicismo procedimental, pretextando "una materia archivada no puede volver a discutirse en la comisión hasta pasada una legislatura".
Está falta de pudor y tacto político del Congreso podría reflejarse en las calles de Lima y otras ciudades del país, sumido en el caos desde el pasado 7 de diciembre.
Tanto la Presidencia como el Legislativo tienen un mandato legal de cinco años que se cumple en julio de 2026.
Ya la llegada de Dina Boluarte de la vicepresidencia a la presidencia en sustitución del mandatario Pedro Castillo había provocado un estallido de protestas exigiendo su renuncia.
Boluarte pidió al Congreso anticipar los comicios, pero el desfile de iniciativas y debates legislativos no llego a ningún lado.
Según expertos, la única opción de anticipar elecciones sería una renuncia de Boluarte, que llevaría al presidente del Congreso, José Williams, a asumir el mando para convocar de inmediato a comicios.
La Conferencia Episcopal Peruana emitió una carta a los congresistas, expresando que "urge su decisión en el adelanto de las elecciones para salvaguardar nuestra institucionalidad democrática".
Lo que suceda será responsabilidad de ellos
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