Llama CIDH al Estado a redoblar esfuerzos en investigación e identificación de restos humanos en Teuchitlán

Ante el reciente hallazgo de restos humanos, por parte de personas buscadoras, en un predio custodiado por el Estado hace 6 meses, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a México a redoblar sus esfuerzos en la investigación de los hechos, el castigo a los responsables y la identificación de las víctimas en el predio de Teuchitlan, Jalisco, donde el crimen organizado había habilitado un campo de reclutamiento.

Asimlsmo, el organismo tiempo valora las medidas anunciadas por la Presidenta de la República, y reconoce la importante labor que realizan las personas buscadoras.

La Comisión Interamericana informa que viene dando seguimiento a los hallazgos en el predio denominado "Rancho Izaguirre" bajo custodia del Estado de Jalisco desde septiembre de 2024, y recuerda que en dicha ocasión se había detenido a 10 personas, rescatado a 2 víctimas privadas de libertad, recuperado un cadáver e incautado armas, instrumentos tácticos y vehículos.

Sin embargo, 6 meses después, el colectivo "Guerreros Buscadores de Jalisco" anunció que halló en el mismo lugar fosas clandestinas, restos óseos calcinados y enseres de uso doméstico, que sugieren que el rancho habría sido utilizado para actividades criminales como centro de reclutamiento, entrenamiento, asesinato y desaparición de personas.

Señala que por la información aportada por las organizaciones a medios públicos, el hallazgo

expuso la deficiente búsqueda llevada adelante por el Estado de Jalisco, pues a pesar de haberse asegurado el predio por autoridades en septiembre de 2024, y haberse realizado trabajos con maquinarias y binomios caninos, fue la labor del grupo buscador la que encontró las fosas clandestinas de manera reciente.

Para la Comisión Interamericana, es importante destacar que, si bien los colectivos de búsqueda ejercen su derecho a buscar a sus familiares, ello no exime al Estado de su deber de investigar y buscar de conformidad con obligaciones en derechos humanos.

Por otra parte, la CIDH advierte que, tras el hallazgo, la Fiscalía del Estado de Jalisco ha recuperado más objetos del Rancho Izaguirre, incluyendo casquillos de municiones, ropa, zapatos, documentos de identidad, relojes, manuscritos, tanto de hombres como de mujeres. Tanto las denuncias sobre reclutamiento forzado, entrenamiento, trabajo forzado y desaparición de personas —entre otros crímenes— como el tipo de objetos encontrados reflejan la degradación de la violencia por parte del crimen organizado a un nivel contrario a la dignidad humana.

Apunta la CIDH que el Estado mexicano debe investigar estos hechos, sancionar a los responsables y garantizar que las víctimas y sus familiares reciban adecuada y oportuna reparación. Asimismo, toma nota de la ejecución de 2 órdenes de aprehensión sobre personas vinculadas con el Rancho, y resalta que las familias tienen el derecho de conocer la suerte o paradero de sus seres queridos, en tanto que la sociedad mexicana tiene el derecho de conocer la verdad sobre lo ocurrido en dicho lugar.

Explica también que es deber del Estado mexicano conducir un proceso confiable, basado en ciencia y evidencia, para la identificación humana de los restos hallados en el "Rancho Izaguirre". Del mismo modo, cualquier devolución de objetos encontrados cuya propiedad pueda ser atribuida y, llegado el momento, la restitución de restos humanos, se realicen con dignidad y respetando el dolor de las familias.

La CIDH reconoce el anuncio realizado por la Presidenta de México el 17 de marzo de 2025, sobre el impulso de una serie de reformas legislativas y medidas administrativas para reforzar el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Centro Nacional de Identificación Humana. Asimismo, el Estado indicó de la consolidación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) como fuente única de identidad, la creación de una Base Nacional Única de Información Forense, de una Plataforma Nacional de Identificación Humana, y el fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana con tecnologías avanzadas como la identificación genética. La CIDH valora el reconocimiento público del Estado de brindar a las víctimas una atención integral y la elaboración de una línea del tiempo que explique la diferencia temporal entre el aseguramiento del predio y los hallazgos del grupo buscador.

Finalmente, la Comisión reitera su reconocimiento y solidaridad con la labor de colectivos y familiares de búsqueda de personas desaparecidas en México, que debe ser ejercida con seguridad y libertad garantizadas por el Estado. A su vez, señala la importancia de que las autoridades reconozcan públicamente el trabajo de defensa de derechos humanos que realizan, promoviendo su valorización social y que cualquier diligencia en torno al caso del Rancho Izaguirre se lleve a cabo evitando su revictimización.