La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró su preocupación ante la persistencia de graves hechos de violencia en cárceles de Ecuador y llamó al Estado a adoptar medidas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas bajo su custodia, a investigar los hechos, identificar y sancionar a los responsables y, a prevenir su repetición.
Del 1 de enero de 2020 al 4 de diciembre de 2024, la CIDH ha registrado al menos 591 muertes de personas privadas de libertad a causa de la violencia intracarcelaria, de las cuales 37 tuvieron lugar en 2024, y cientos de personas heridas, entre ellas, también agentes penitenciarios.
Pese a la disminución en la cantidad de incidentes y víctimas en comparación con los años 2021 con 316 fallecimientos, y 2022 con 122 muertes producto de diversas medidas estatales, preocupa que estos decesos se produjeron en un contexto de enfrentamientos a los que la CIDH viene dando seguimiento.
Apunta que los hechos más recientes ocurrieron en el Centro de Privación de Libertad Guayas No. 1 conocido como "Penitenciaría del Litoral". El 3 de diciembre, 3 granadas explotaron en el comedor del Centro, provocando heridas en al menos 9 personas detenidas, un guardia y un militar; posteriormente se presentaron nuevos enfrentamientos que resultaron en una persona fallecida y 7 heridas, según información pública.
Anteriormente, en noviembre la CIDH condenó la muerte de al menos 15 personas encarceladas, y 14 personas heridas en el mismo centro.
Entre los factores que derivan en la violencia intracarcelaria en Ecuador, se encuentran la ausencia de control de centros penitenciarios por el Estado, sistemas de autogobierno, corrupción e insuficiencia de personal de seguridad. Las cárceles donde han ocurrido hechos violentos están dominadas por grupos del crimen organizado, quienes ejercen el control intramuros, algo señalado por la CIDH en su informe sobre "Personas Privadas de Libertad en Ecuador".
La Comisión advierte que estos hechos no son aislados, y se enmarcan en los desafíos que enfrenta el Estado ecuatoriano para garantizar la seguridad de sus habitantes ante el fortalecimiento y la escalada de violencia provocada por el crimen organizado. En esta línea, se toma nota del Decreto No. 493 del 2 de enero de 2025, que declaró estado de excepción por 60 días en diversas provincias incluyendo Guayas, y sus centros de privación de la libertad, debido al incremento de violencia y presencia prolongada de grupos armados organizados.
La CIDH ha reiterado su preocupación ante los hechos que atentan a la seguridad ciudadana en diversas oportunidades, incluyendo su comunicado de prensa del 17 de enero de 2024. Frente a ello, enfatiza en la importancia de contar con políticas públicas en materia de seguridad que incluyan enfoque de derechos humanos.
La CIDH recuerda que el Estado de Ecuador está obligado a prevenir la violencia en los centros de detención y controlar el accionar de organizaciones delictivas. Igualmente, debe investigar de oficio, de forma seria, pronta e imparcial y con debida diligencia los hechos de violencia e, identificar y sancionar a los responsables.
Finalmente, reitera que continuará dando seguimiento a la situación de las personas privadas de libertad en Ecuador, y reitera su disposición para brindar cooperación técnica al Estado en sus esfuerzos para superar la crisis penitenciaria e implementar políticas públicas y las recomendaciones formuladas en su informe.
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