El caso Ayotzinapa sigue entrampado, y esta vez, un juez echó por tierra una vez más, parte del camino avanzado en las investigaciones para dar con el paradero de los estudiantes plagiados en septiembre del 3014 en Iguala.
Ahora fue la jueza Raquel Duarte Cedillo, quien ordenó la libertad provisional a 8 militares involucrados en el caso del secuestro de 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos, con la participación de la policía municipal y el grupo delincuencial de Guerreros Unidos.
Los 8 militares que permanecían presos, acusados de colusión con Guerreros Unidos y delincuencia organizada, quedaron en libertad y la juez Duarte Cedillo les fijó una fianza de 100 mil pesos así como la obligación de presentarse en el juzgado los días 1 y 16 de cada mes.
Los soldados, recluidos en el Campo Militar 1-A, de la Ciudad de México Mexico, también entregarán al salir del lugar su pasaporte, y se les prohibió salir del país o acercarse a víctimas y testigos.
El Centro de derechos humanos Prodh, critico la medida y expresó que, con criterio parcial y sesgado, un juzgado federal concedió cambio de medida cautelar a 8 militares acusados de desaparición forzada y delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa.
Denuncia que la Sedena sigue litigando a favor de los militares acusados en caso Ayotzinapa, lo que se suma a su reticencia a entregar todos los documentos de sus archivos.
Añade la ONG que esto confirma "lo que hemos visto en los últimos años": el Poder Militar, sin contrapesos, afecta a la justicia y al esclarecimiento del caso.
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