Libertad de expresión e información, derechos pendientes frente a violencia y censura: ARTICLE 19

La organización ARTICLE 19 presentó "Derechos Pendientes", su informe sexenal sobre violencia contra la prensa, libertad de expresión, derecho a la verdad y acceso a la información en México.

Durante el evento de presentación, Leopoldo Maldonado, director regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, señaló que México se encuentra en una situación crítica de violencia que requiere la suma de esfuerzos y perspectivas, por lo que el Informe busca arrojar luz sobre desafíos para la libertad de expresión vigentes, como la violencia contra la prensa, discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial y falta de garantías para el derecho a la verdad de víctimas y sociedad.

Observó que de cara a la llegada de un nuevo gobierno que ha dado señales de apertura, es fundamental entablar un diálogo respetuoso y objetivo sobre el deterioro que ha sufrido la agenda de derechos humanos y las garantías de libertad de expresión de 2018 a la fecha.

ARTICLE 19 expuso que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se registraron 3 mil 408 agresiones contra la prensa, de las cuales 561 se registraron en 2023. Esta cifra equivale a una agresión cada 14 horas en los últimos 6 años, incluidos asesinatos de al menos 46 periodistas y 4 desaparecidos.

El total representa un incremento del 62.13% en agresiones contra la prensa en comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto.

También destaca que las agresiones en línea representaron uno de cada 3 ataques durante el sexenio. La organización registró que el Estado mexicano, mediante sus autoridades, es el principal agresor de la prensa con mil 559 agresiones (45.75% del total).

ARTICLE 19 registró agresiones contra periodistas y medios de comunicación en todos los estados; los mayores índices de violencia se registraron en la CDMX (582), Guerrero (247), Puebla (241), Quintana Roo (236) y Veracruz (199).

Durante el sexenio se registraron 179 agresiones en las “mañaneras” y se identificó que autoridades municipales y estatales de 20 entidades de la República repitieron 62 veces el mismo discurso estigmatizante, con señalamientos como: “hampa del periodismo”, “hipócritas”, “prensa fifí, “conservadores”, “fantoches”, “doble cara” y “corruptos”.

Asimismo, la organización insistió sobre la estrategia de control de líneas editoriales que mantiene el gobierno a través del gasto en comunicación oficial. De los 916 medios de comunicación que recibieron publicidad oficial en el gobierno de López Obrador, los primeros 10 concentraron 47.08% de los recursos.

El informe de ARTICLE 19 expone las preocupaciones en torno a la crisis de personas desaparecidas que atraviesa el país, así como la política de reducción de cifras alrededor del tema.

Según reportes retomados por la organización, del 1 de diciembre de 2018 hasta agosto de 2023 se registraron 44 mil 073 personas desaparecidas, esto significa que más del 40% del total de las desapariciones reportadas desde 1965 ocurrieron durante el gobierno de López Obrador. En estos 6 años, un promedio de 25 personas ha desaparecido cada día, y una cada hora.

A esto se suma que en 2023 el presidente anunció el Censo Nacional de Personas Desaparecidas a cargo de la Segob, institución que no cuenta con facultades de ley para la búsqueda de personas desaparecidas en el país, y que presentó entre sus resultados que de las 110 mil 964 personas desaparecidas solo 1 mil ,377 estaban confirmadas como tal, pues las otras entraban en categorías como “no hay información para la búsqueda”, “carecen de datos para la identificación”, “personas ubicadas” y “personas localizadas”.

El informe señala que pese a la entrada en vigor de la Ley General de Desaparición Forzada en 2018 y la insistencia de colectivos y personas para acelerar la colaboración interinstitucional para la búsqueda de personas desaparecidas, la apertura del gobierno ha sido mínima.

En Derechos Pendientes, la organización da seguimiento al ejercicio de derechos digitales en México, fundamental para el desarrollo de las sociedades democráticas. Al respecto, la organización denunció que a pesar de declarar en diciembre de 2018 que no había espionaje, la administración de AMLO continuó con la adquisición y operación de equipo espía de diversa gama y sofisticación.

De igual forma, el informe identificó un retroceso en el acceso de la población mexicana a dispositivos e internet. Las cifras recientes muestran que 43.8% de los hogares cuentan con computadoras, situación preocupante al compararlo con el 44.9% reportado en 2015.

El informe también señala el retroceso que ha habido en términos de institucionalidad. A lo largo del sexenio, hasta un corte en mayo de 2024, se concretaron 65 designaciones en 17 de las 19 instituciones clave, de un total de 96 designaciones que tuvieron que hacerse por ley.