La nueva prisión migratoria en Florida es foco de polémica

El gobierno autoritario de Estados Unidos se apresta a inaugurar la prisión conocida como "Alligator Alcatraz", y su entrada en operación ya es motivo de debate y en la mayoría de los comentarios, de indignación.

Este moderno campo de concentración y confinamiento, en donde en lugar de guardias armados serán caimanes y serpientes quienes se encarguen del trabajo, tendrá un costo de operación de 450 millones de dólares anuales en un país cuyo gobierno busca hacer recortes presupuestales.

El centro de detención para migrantes impulsado por el gobierno republicano de Florida, es foco de protestas aún antes de su apertura, ya que las autoridades lo ubicaron en medio de los Everglades, uno de los mayores humedales de Estados Unidos, habitat de caimanes o cocodrilos y serpientes pitón.

El centro se localiza en instalaciones de un aeródromo a 72 kilómetros al oeste de Miami, y de estima que las condiciones serán las peores para quienes sean arrestados y confinados en ese sitio, en tiendas de campaña, remolques y construcciones temporales.

Para el gobierno del presidente convicto Donald Trump, este campo de reclusión y concentración es un modelo nacional para intensificar la política oficial de detención y deportación.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el fiscal general del estado, James Uthmeier,  señalan que las condiciones del recinto ayudarán a disuadir y presionar a las personas ilegales para que se vayan del voluntariamente, justificando así este sitio y su nombre.

Es tal el desprecio por los derechos humanos, que el Departamento de Seguridad Nacional difundió una composición fotográfica en la que se ven caimanes con una gorra del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Los gastos serán cubiertos inicialmente por Florida y luego reembolsados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, con capacidad para 5 mil personas.

Su construcción se llevó a cabo mediante un decreto de emergencia del gobernador DeSantis, lo que le permitió eludir leyes y regulaciones habituales, acción considerada como un abuso de poder.

Activistas y organizaciones de derechos humanos, así como ambientalistas, defensores de inmigrantes y líderes indígenas, se han movilizado en protesta para denunciar las condiciones del lugar, y expresarse a favor de la protección de los humedales y de las tierras ancestrales de las comunidades originarias.

Mientras tanto, la secretaria del DHS, Kristi Noem, elogió el centro penitenciario porque a su parecer ayudará a aumentar el número de sitios para recluir a los inmigrantes detenidos.