El cierre de la única central eléctrica de Gaza va a exacerbar la crisis humanitaria para más de 2,2 millones de personas atrapadas en su territorio, mientras Israel lleva a cabo bombardeos masivos en los cuales han muerto al menos mil 350 personas y resultado heridas más de 6 mil.
Para Amnistía Internacional, los bombardeos son la represalia israelí por el ataque que Hamás y otros grupos armados palestinos de Gaza efectuaron el 7 de octubre en el sur de Israel, lo que causó la muerte a más de mil 200 personas y heridas a más de 2 mil 700, mientras otras, entre ellas civiles, fueron tomadas como rehenes.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, dijo que "las autoridades israelíes deben restablecer el suministro de electricidad en Gaza de inmediato y eliminar las restricciones impuestas a raíz de la orden emitida por el ministro de Defensa el 9 de octubre de 2023, así como levantar el bloqueo ilegal de la Franja de Gaza que impusieron hace 16 años".
Destacó que "el castigo colectivo al que se somete a la población civil de Gaza constituye un crimen de guerra y es cruel e inhumano. Como potencia ocupante, Israel tiene la clara obligación en virtud del derecho internacional de garantizar las necesidades básicas de la población civil de Gaza”.
La falta de electricidad tendrá impacto grave en servicios esenciales y el acceso al agua potable, y causará una tragedia de salud pública que dejará a los ya diezmados hospitales de Gaza sin equipamiento médico, en un momento en que los profesionales de la salud están afanándose por tratar a los miles de personas gravemente heridas como consecuencia de los bombardeos israelíes.
Amnistía apunta que también pondrá en peligro las vidas de los pacientes hospitalarios, como las personas que tienen enfermedades crónicas o las que necesitan cuidados intensivos, entre ellas bebés que requieren de equipos de soporte vital.
Un ministro israelí ha afirmado hoy que las autoridades del país no van a restablecer el suministro de electricidad, agua o combustible hasta que Hamás libere a sus rehenes. Esto confirma que las medidas se han tomado para castigar a la población civil de Gaza por las acciones de grupos armados palestinos, acusa Amnistía.
La ONG reitera que la población palestina no es responsable de los crímenes de Hamás y otros grupos armados palestinos y que, a la luz del derecho internacional, Israel no debe infligirle un sufrimiento por actos en los que no ha tomado parte y quedan fuera de su control.
Callamard denunció que "los espantosos asesinatos masivos de civiles israelíes y otras violaciones graves no exoneran a Israel de su obligación de respetar el derecho internacional humanitario y proteger a la población civil. El castigo colectivo impuesto a los civiles de Gaza no traerá justicia a las víctimas de crímenes de guerra cometidos por Hamás y otros grupos armados ni garantizará seguridad a la población civil israelí”.
A Amnistía Internacional le preocupan también los ataques sobre el paso fronterizo de Rafá. La organización hace un llamamiento a Israel para que facilite el establecimiento de corredores humanitarios que permitan el envío de ayuda humanitaria a Gaza, así como el paso seguro de personas heridas y civiles que deseen huir del conflicto armado.
Igualmente, insta a la comunidad internacional a trabajar en favor de un acuerdo en materia de corredores humanitarios.
Las autoridades israelíes deben abstenerse de cometer ataques ilegítimos que causen la muerte de civiles o personas heridas y que destruyan viviendas e infraestructuras civiles. Igualmente, deben abstenerse de incitar a la violencia contra la población palestina en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, y han de garantizar la seguridad de todos los civiles que viven bajo su control.
Asimismo, todos los grupos armados palestinos en Gaza deben liberar a todos sus rehenes civiles de forma inmediata e incondicional.
Amnistía Internacional investiga los ataques aéreos israelíes sobre Gaza, incluido el lanzado contra un edificio residencial situado en el barrio Al Zeitoun y en el que murieron 15 miembros de una misma familia, entre ellos 7 menores de edad y sus abuelos; la destrucción de Burj Palestine, rascacielos situado en el barrio Al Rimal de Gaza; y el bombardeo de un mercado callejero en el campo de refugiados de Yabalia, en el que murieron al menos 69 personas, entre ellas al menos 15 niños y niñas.
Amnistía Internacional pide a Israel y a los grupos armados palestinos que tomen todas las precauciones posibles para proteger a la población civil, conforme a las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional humanitario.
Desde 2007, Israel impone un bloqueo por tierra, mar y aire sobre la Franja de Gaza, lo que supone el castigo colectivo de toda su población. El enfrentamiento actual es, desde entonces, la sexta mayor operación militar entre Israel y grupos armados en Gaza.
Foto: Varsovia 1945 y Gaza 2023
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