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Gobierno venezolano reactivó su represión más violenta, advierte misión de la ONU


De acuerdo con la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, el Gobierno de Nicolás Maduro está reactivando lo que llama “la modalidad más violenta de represión”, realizando nuevos arrestos de opositores acusados de supuestas conspiraciones contra el régimen.

 

En un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el que da cuenta de los más recientes abusos perpetrados por el Gobierno de Maduro en Venezuela desde 2023, la presidenta de la misión, Marta Valiñas, destacó que “las autoridades invocan conspiraciones reales o ficticias para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del Gobierno”.

 

La portuguesa que está al frente de esta Misión, señaló que en este periodo se ha pasado de una fase menos represora de la oposición donde Maduro se limitaba a generar “un clima de temor e intimidación”, a un periodo más violento “que se activa para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio”.

 

Resaltó que, en enero de este año el presidente de Venezuela pidió “activar la Furia Bolivariana”, asegurando que en 2023 se habían desactivado 4 conspiraciones para asesinarlo o de organizar golpes de Estado, y que la Fiscalía General dio entonces a conocer la llamada “Operación Brazalete Blanco”, una de las presuntas acciones para eliminar al presidente venezolano.

 

La represión para desactivar tal conspiración habría derivado en la expulsión de 33 militares, así como el arresto de críticos del gobierno, y el informe recuerda en especial a líderes de campaña del partido Vente Venezuela de la opositora María Corina Machado, y defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel.

 

En su informe, Valiñas mencionó que San Miguel, detenida el 9 de febrero en el aeropuerto de Maiquetía sin orden judicial, quien estuvo en paradero desconocido por espacio de 5 días “hasta que las autoridades informaron que se encontraba detenida en El Helicoide, uno de los centros de tortura documentados por la misión”.

 

Precisó que poco después de que tanto la misión que preside como la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos expresaran su preocupación por San Miguel, el Gobierno venezolano suspendió las actividades de la misión y dio a su personal 72 horas para abandonar el país.

 

La jefa de la misión que completan el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá añadió que han documentado casos de otras 18 mujeres como san Miguel que permanecen detenidas bajo la acusación de estar asociadas o involucradas en “conspiraciones” para derrocar al Gobierno.

 

Valiñas también recordó que se logró firmar en Barbados un acuerdo entre Gobierno y oposición para que ésta pudiera concurrir a las elecciones del 28 de julio de este año, pero acciones posteriores evidenciaron las dificultades para su puesta en práctica, como lo fue la suspensión por parte del Tribunal Supremo de Justicia de las primarias de la oposición del 22 de octubre, ganadas por María Corina Machado, inhabilitada políticamente por 15 años.

 

También llamó la atención sobre las órdenes de detención contra 14 personas, entre ellas opositores como Juan Guaidó y Leopoldo López, por su presunta vinculación con una conspiración contra el referéndum consultivo sobre la Guayana Esequiba, celebrado el 3 de diciembre.

 

En su réplica, la delegación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra rechazó las conclusiones de la misión y la legitimidad de ésta, creada en 2019 por el propio consejo para investigar abusos de derechos humanos en el país, señalando además que “Estados Unidos, el mayor violador de derechos de toda la historia, la Unión Europea y el fracasado Grupo de Lima diseñaron este mecanismo con fin de aplicar la máxima presión sobre Venezuela, manipulando los instrumentos y fines de este Consejo”.


Foto: Corina Machado (archivo)

 

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