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  • bambarito59

Fuerzas de Seguridad, mucho presupuesto y pocos resultados, dice Causa en Común


Los incrementos del estado de fuerza de la Guardia Nacional corresponden, en su mayoría a “transferencias” de elementos militares a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los cuales mantienen sus plazas en la SEDENA y la SEMAR, asegura la ONG Causa en Común Precisa en un estudio que del total de elementos activos de la Guardia, el 71% corresponden a las Fuerzas Armada, y que el despliegue operativo de la Guardia Nacional no está en función de la incidencia delictiva de las entidades. Así, y por ejemplo, menciona que al cierre de 2022, la mayor cantidad de miembros de la Guardia se concentró en Ciudad de México (20 mil 605). Otro ejemplo es Zacatecas que, en marzo de 2023, tendría 1,402 elementos. Asimismo, y de acuerdo con el Informe Anual 2022 de la Guardia Nacional, se mantuvo un total 15 mil 494 elementos desplegados de forma permanente para la detención de migrantes. El presupuesto asignado a la SEDENA ha obtenido máximos históricos, a la par que subsidios destinados a las policías han tenido aumentos mínimos o se han estancado, y el grueso de la administración pública federal ha sufrido severos recortes presupuestales.


En cuanto al monto total asignado para 2023, el Presupuesto de Egresos de la Federación estableció 67 mil 826 millones de pesos, 17 veces más que en el 2020. Si a este presupuesto se suma el que corresponde directamente a las Fuerzas Armadas, el total asciende a 221 mil 616 millones de pesos. A la par que se incrementa su presupuesto, se amplían ingresos de las Fuerzas Armadas por distintas vías. La SEDENA también administra el Tren Maya y controla 4 aeropuertos, además de la nueva Aerolínea del Estado Mexicano SA de CV. En abril pasado, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones legales para que la SEDENA reciba 80% de los impuestos del cobro a extranjeros. Advierte Causa en Común que no hay traducción entre el incremento de recursos y mayor eficacia operativa.

Por otro lado, 14 Secretarías de Seguridad Pública estatales están encabezadas por mandos militares: Baja California, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas


De enero de 2019 a marzo de 2023, la SEDENA, la SEMAR y la Guardia Nacional acumularon 4 mil 012 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos por casos como tortura, desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos o degradantes y detenciones arbitrarias Desde su creación, la Guardia ha recibido 14 recomendaciones por parte de la CNDH, de las cuales 8 son por violaciones graves a derechos humanos.


La ONG asegura entre las consecuencias de la militarización, la Guardia no ha dado resultados, carece de objetivos que sean monitoreados y evaluados, se incrementa el peligro de más violaciones a derechos humanos, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas ocurre en detrimento de las policías locales, y los incrementos en presupuesto para las Fuerzas Armadas, y la opacidad de estas instituciones, incrementan el riesgo de corrupción. Además, el protagonismo militar no es compatible con un sistema democrático definido por la preeminencia de las instituciones civiles, y son preocupantes las expresiones partidistas del Secretario de la Defensa y las amenazas de funcionarios militares a jueces.


Por ello, Causa en Común llama a cumplir lo que establece la Constitución en su artículo 21, en el sentido de que la Guardia sea una corporación civil y evitar que se integre legal y estructuralmente a la SEDENA. También pide restablecer e incrementar presupuestos federales y locales para el desarrollo policial, y establecer objetivos y seguimientos a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública y de la Conferencia de Secretarios.


Además, sugiere restablecer el papel del Congreso para vigilar e investigar labores de las dependencias involucradas en la seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional.


Finalmente, Causa en Común insta a legislar con claridad para asignar tareas de seguridad interior a la Guardia Nacional, así como realizar una revisión crítica de las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas para precisar el alcance de sus responsabilidades en tiempos de paz.


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