El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad presentó el “Análisis de la Incidencia Delictiva en 2021”, donde asegura que ese año ha sido el más violento contra las mujeres.
El director del Observatorio, Francisco Rivas, destacó que las víctimas de feminicidio aumentaron 2.7%; homicidio culposo 6.5%; extorsión 12.3%; las carpetas de investigación por robos transeúnte 10.2%; las de robo en transporte público 15%; violación 28.1%; trata de personas 12.3%; narcomenudeo 7.2%; violencia familiar 15.3%, y lesiones dolosas 7.8%.
Lamentó que el gobierno federal no escuché haga las críticas en detrimento de la seguridad de la ciudadanía pese a los llamados a corregir el rumbo, y presuma descenso de todos los delitos con gráficas que muestran comparativas absurdas desde un punto de vista metodológico.
La insuficiencia y la ejecución deficiente del gasto público en seguridad, sostuvo Rivas, son una de las causas por las que no se observan mejoras tras la primera mitad del sexenio.
A su juicio, "2021 concluyó como el peor de la historia en víctimas de feminicidio, extorsión, carpetas de investigación de trata de personas, de lesiones dolosas, violaciones y violencia familiar; cuarto peor año en homicidio doloso y en homicidio culposo; sexto peor en robo a negocio.
Rivas dijo que esto es efecto de una serie de errores que la actual administración federal mantuvo de sus antecesores y otros que derivan de la actual estrategia de seguridad.
Destacó que las políticas de prevención y reacción al delito de este gobierno siguen siendo las mismas de sus 2 antecesores, y que la definición de la política de seguridad es deficiente, toda vez que el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana carece de los elementos que permitan entender a qué se refiere la política de “abrazos y no balazos”, pues no se han publicado los 5 programas sectoriales, cosa que debió hacerse hace más de 2 años.
Más aún, este gobierno ha dado todos los poderes y recursos al ejército, al tiempo que abandonó las policías civiles de todo el país. Con la creación de la
Guardia Nacional, que sigue la formación, régimen disciplinario y mando militar, el presidente privó a los mexicanos de una institución civil federal de seguridad.
Para el Observatorio Ciudadano, si bien los datos sobre secuestros parecen alentadores, la estadística oficial muestra manipulación en registros.
Asimismo, en esta administración se desmanteló el control de calidad de las Unidades Especializadas en Combate a los Secuestros como efecto de transformar la Comisión Nacional Antisecuestros en una oficina operativa al servicio de la Guardia Nacional.
De igual manera, para Observatorio Ciudadano, desde el inicio de esta administración se ofreció ir tras los activos de la delincuencia como una forma más efectiva de combate a la delincuencia, y aunque se bloquean miles de cuentas bancarias, no logra judicializar los casos y termina devolviendo los activos.
Agrega Rivas que los desvíos del presupuesto de seguridad hacia programas insignia del gobierno como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, acentuaron la erosión institucional y mermaron la capacidad de policías y fiscalías locales en prevenir, reaccionar y perseguir delitos como la violencia de género, los robos y las extorsiones.
El Observatorio también se refiere a un aumento de delitos cibernéticos, de delitos electorales y violaciones graves a derechos humanos; aumento de comunidades desplazadas por la violencia; caída en detenciones y sentencias condenatorias; el aumento del 120% de personas desaparecidas, que pasaron de 41 mil a 92 mil en apenas en 3 años.
Añade que el debilitamiento de la Fiscalía General de la República y el abandono de la consolidación del Sistema de Justicia Penal, agravarán la crisis de impunidad.
