Poco después de que la ministra Presidenta de la Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura anunciará su decisión de contactar con el ejecutivo federal para analizar un eventual uso de los 13 fideicomisos del Poder Judicial eliminados por el Congreso, una juez federal frenó la reforma.
Y es que Juan Fernando Luévano Ovalle, Juez Décimo Segundo de Distrito en Chihuahua, prohibió al Consejo de la Judicatura transferir los recursos a la Secretaría de Hacienda y a la Tesorería de la Federación.
La medida implica que la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura, Hacienda y la Tesorería “o aquella que atendiendo a su respectiva competencia tenga intervención en la administración, operación y disposición de los recursos de los fideicomisos antes precisados...se abstengan de aplicar las consecuencias y efectos de la disposición reclamada contenida en el decreto por el que se adiciona un segundo párrafo del artículo 224 de la Ley Orgánica del PJF”.
La suspensión provisional fue concedida a María del Carmen Cordero Martínez, magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de Chihuahua.
Antes, la titular de la Corte, Lucía Piña Hernández, había manifestado públicamente en una carta que había disposición del Poder Judicial para dialogar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hizo la propuesta en su mañanera del martes.
Piña expresó que la propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial "representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado, en defensa de su población", añadiendo que se trabajaría en conjunto "por la recuperación de las personas más afectadas, para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles, en el menor tiempo posible, condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida”.
Por lo pronto, el juez de Chihuahua no lo ve de la misma manera y fue más alja en su determinación, al ordenar a la Judicatura, Hacienda y Tesorería, "se abstengan de cancelar o extinguir los fideicomisos y se garantice su continuación, operación y administración del objeto por el cual fueron creados tales fideicomisos celebrados por el CJF, en cumplimiento a las reglas de operación de cada uno de ellos".
Más aún, que "suspendan de forma inmediata la entrega y/o transferencia de los recursos de todos aquellos fideicomisos celebrados por el CJF, así como sus remanentes, productos y aprovechamientos derivados de los mismos, a cualquier autoridad dependiente del ejecutivo federal o de las propias entidades fiduciarias, salvo de aquellas facultades para la administración y disposición de los recursos de cada uno de ellos para su operación".
La decisión final sobre esta suspensión se producirá el 29 de noviembre.
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