La Procuraduría General de la República de Brasil presentó al Supremo Tribunal Federal los primeros acuerdos para no procesar a investigados en el asalto a la sede de los 3 poderes en la capital Brasilia, el pasado 8 de enero.
Debido al Acuerdo de No Enjuiciamiento, los acusados de delitos cometidos sin violencia o amenaza grave y con una pena mínima de 4 años, pueden confesar sus crímenes a cambio de no pisar la carcel y a cambio, aceptar la reparación del daño causado, entrega de bienes fruto del delito, pago de una multa de entre mil y 4 mil dólares) y realización de trabajos comunitarios.
A cambio de esto, se suspende el proceso que podría llevar al acusado a ser condenado, y para ser válidos, los acuerdos deben ser aprobados por el juez de la Corte Suprema a cargo del asunto, Alexandre de Moraes.
Según el acuerdo con la Fiscalía, de los mil 125 acusados con derecho al acuerdo, 301 han manifestado su interés en adherirse al beneficio.
Aquellos investigados que participaron en los actos de depredación del Congreso, del Palacio Presidencial de Planalto y del Supremo Tribunal, no podrán acceder a ese beneficio.
La semana pasada, el Tribunal Federal condenó a las 3 primeras personas acusadas de participar en los hechos por los delitos de asociación ilícita armada, abolición violenta del Estado democrático de Derecho, intento de golpe de Estado, daños agravados por violencia y amenazas graves y daños al patrimonio catalogado.
Las condenas para estás personas alcanzaron los 17 años de prisión.
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