Falta de garantías constitucionales en El Salvador, afecta cada vez a más personas: ONG

Representantes de un grupo de organizaciones humanitarias salvadoreñas reveló que las supuestas víctimas directas del régimen de excepción que rige en El Salvador desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas son cerca de 6 mil, de las cuales más del 50 % son jóvenes.

En el marco del régimen de excepción que suspende garantías constitucionales, se ha señalado como supuestos victimarios a agentes de la Policía Nacional Civil en el 74,87% de los casos.

Las muertes en ese lapso ascienden a 189, según el informe presentado por las ONGs.

El recuento de víctimas principalmente de arrestos arbitrarios, deriva de las denuncias por vulneraciones a derechos humanos que han recibido 7 organizaciones no gubernamentales entre marzo de 2022 y septiembre de 2023, periodo en el cual han atendido 5 mil 495 casos.

Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, dijo en rueda de prensa que 52,54% de "las víctimas de graves violaciones a derechos humanos" tienen entre 19 y 30 años. Le siguen personas entre 31 y 59 años con 33,49% y 3,32% tienen entre 13 y 18 años.

De acuerdo con la activista 94,77% de estas personas habrían sufrido detención ilegal arbitraria, mientras que 87,05% falta del debido proceso y 28,59% allanamiento de morada sin orden judicial. Entre las vulneraciones denunciadas se encuentran tratos crueles o tortura con 7,6% y desaparición forzada con el 3,62%.

Más aún, el informe precisa que la mayoría de las 189 muertes registradas, ocurrieron en personas que estaban” bajo custodia del Estado".

El Congreso de El Salvador aprobó a finales de marzo la polémica medida de excepción tras una escalada de asesinatos atribuido a las pandillas que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días. El gobierno de Nayib Bukele asegura que durante esta "guerra contra las pandillas", la cifra de detenciones suma más de 72 mil, y que más de 7 mil personas han recibido libertad condicional.

Santos advirtió que estas personas mantienen una acusación penal en su contra, por lo que "pueden llegar a ser condenadas en las audiencias masivas".