Sindicatos estadounidenses han pedido a un tribunal federal que emita una orden para que el Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE) de Elon Musk no acceda a datos sensibles de seguridad social de millones de personas en Estados Unidos.
Esta moción para la emisión de un recurso de emergencia, fue presentada en un tribunal federal en Maryland por el grupo de servicios legales Democracy Forward contra la Administración del Seguro Social (SSA) y su comisionado interino, Leland Dudek, toda vez que los sindicatos quieren que el tribunal impida a la DOGE ingresar a los depósitos de datos personales que tiene la agencia.
En la demanda se incluye una declaración jurada de Tiffany Flick,m exfuncionaria de la agencia, quien afirma que funcionarios civiles de carrera tratan de proteger los datos contra el DOGE. De acuerdo con Flick, “el desprecio por nuestros cuidadosos sistemas y procesos de privacidad ahora amenaza la seguridad de los datos que la SSA alberga sobre millones de estadounidenses”.
Karianne Jones es la abogada de sindicatos y un grupo de jubilados que presentaron la demanda, y dijo que no está claro qué tipo de acceso podría tener el DOGE a datos personales de los contribuyentes, pero que el aparente alcance y la falta de información sobre lo que busca ese departamento significan que el impacto potencial es “enorme”.
Precisó que "lo que tenemos es que el DOGE simplemente irrumpe y se abre camino a la fuerza para acceder a datos privados de millones de estadounidenses. No pueden explicar por qué quieren estos datos. Realmente no pueden decir qué datos quieren. Simplemente quieren todo. Quieren el código fuente sin ninguna restricción”.
La DOGE suma ya en unas cuantas semanas de operación tras el inicio del gobierno del presidente convicto Donald Trump, más de 20 demandas. Los jueces han planteado preguntas en varios casos sobre los esfuerzos de reducción de costos del departamento, realizados con poca información pública sobre su personal y operaciones.
Los recortes en la SSA generan preguntas sobre posibles efectos en las prestaciones de decenas de millones de beneficiarios, y entre los posibles cambios en la agencia se encuentran despidos de más de 10% de la fuerza laboral y el cierre de docenas de oficinas en todo el país, como parte del plan de Trump para reducir la fuerza laboral federal.
La DOGE ha ingresado a bases de datos gubernamentales, como la del Tesoro y la del Servicio Interno de Impuestos. El gobierno de Trump ha dicho que los esfuerzos buscan eliminar lo que según él, es un desperdicio y un fraude en el gobierno.
Una jueza federal se negó a impedir que los empleados de la DOGE accedieran a sistemas del Tesoro que contienen datos personales de millones de personas, aunque reconoció las preocupaciones de privacidad sobre ese trabajo.
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