Entre la cascada de órdenes ejecutivas firmadas en las últimas horas por el presidente convicto de Estados Unidos, Donald Trump, figura un decreto por el cual ordena restaurar la pena de muerte, al tiempo que solicita y al fiscal general del país garantizar fármacos suficientes para la aplicación de inyecciones letales en los estados en los que se aplica la pena capital.
La orden aparece en la página oficial de la Casa Blanca, y en ella se precisa que la pena de muerte es una "herramienta esencial para disuadir y castigar a quienes cometen los crímenes más atroces y actos de violencia letal contra los ciudadanos estadounidenses".
El texto critica la decisión del expresidente Joe Biden, en el sentido de conmutar las penas de 37 de 40 condenados a muerte, a los que Trump calificó como "violadores, abusadores de menores y asesinos más viles y sádicos".
Según el presidente en funciones, Biden "conmutó sus sentencias a pesar de que las leyes de nuestra nación siempre han protegido a las víctimas al aplicar la pena capital a actos bárbaros como los suyos", además de señalar que los que se oponen al ajusticiamiento por considerarlo "inconstitucional" olvidan que la "Constitución reconoce explícitamente su legalidad".
El republicano ordenó incluso que se aplique la pena de muerte cada vez que sea "compatible con la ley aplicable", o cuando un delito capital federal sea cometido por un extranjero que resida ilegalmente en Estados Unidos o si se produce el asesinato de un agente de la ley, independientemente de otros factores.
De igual forma, la orden exige se evalúen las condiciones de reclusión de cada uno de los 37 criminales que recibieron cadena perpetua en lugar de la pena de muerte que esperaban.
Trump añadió que se deben tomar las medidas necesarias "para garantizar que estos delincuentes sean encarcelados en condiciones acordes con la monstruosidad de sus crímenes y las amenazas que plantean".
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