Dicen gaseros que precios máximos del LP generan incertidumbre económica


Ante la aplicación del Sistema de Control de Precios Máximos de venta al público determinado por la Comisión Reguladora de Energía, los gaseros aseguran que las 1,292 Plantas de Distribución de todo el país enfrentan condiciones adversas, que imposibilitan mantener cobertura geográfica y nivel de servicio requerido por los consumidores, provocando cierre de rutas de reparto, desempleo y falta de inversiones estratégicas para garantizar el abasto a nivel nacional.


De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo y Empresas Conexas, hasta hace un mes existían en México 35 mil rutas de reparto y 4,700 estaciones de servicio, mediante las cuales se realizaban más de un millón de servicios diarios en hogares, ciudades, rancherías, comercios, hospitales, tortillerías, panaderías, hoteles, restaurantes e industrias.


Dicen que por la situación actual, la Asociación estima que han cerrado aproximadamente 10% de las rutas en el país, cosa que podría agravarse en los próximos días.


A su juicio, el modelo económico de precios máximos que establece la CRE debería reflejar la realidad de los costos de operación de las empresas distribuidoras para evitar que se sigan cerrando rutas, generando desempleo y para garantizar el abasto al consumidor, pues de no hacerlo, esta situación podría afectar el suministro del energético en 80% de los hogares mexicanos y en millones de pequeñas y medianas empresas que requieren del abasto diario de del producto para operar.


Apuntan los gaseros que México produce el 40% e importa 60% del gas L.P. que consumimos, por lo que el alza internacional de precios del energético ha impactado en los precios en nuestro País y en el resto del del mundo.


Analistas consideran que los precios seguirán subiendo durante el invierno, razón por la cual urge definir una "estrategia integral efectiva” que contemple precios de Pemex, precios de venta al público, costos reales de distribución, y que se requiere de un modelo sostenible, con apego a la realidad económica y garantice abasto a la población.


Advierten que de continuar operando con un modelo de precios alejado de la realidad económica, se incrementa el riesgo de continuar eliminando zonas de reparto por incosteabilidad económica, generándose más desempleo, menos inversiones en infraestructura, más desabasto y fomentando el robo de gas, inseguridad y distribución ilícita del producto.


Añaden que es necesario realizar operativos para combatir la distribución ilícita que opera con libertad, construir un modelo económico y operativo sustentable y con bases realistas y fundamentalmente brindar condiciones de certeza jurídica y certeza económica que fomenten la actividad económica y el empleo que tanto necesita en el País en beneficio de todos mexicanos.