El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que 5 personas fueron detenidas en el estado de Texas por pertenecer presuntamente a un grupo que adquiría armas en Estados Unidos para trasladarlas de contrabando hacia México y venderlas a los cárteles de la droga.
Se trata de 5 hombres arrestados en Laredo, Hebbronville, y Falls City, Texas, la semana pasada por presunto tráfico de armas de fuego de uso militar a un cártel de la droga que opera en el estado de Tamaulipas.
La dependencia federal estadounidense dijo en un comunicado que de acuerdo con documentos judiciales, Gerardo Rafael Pérez Jr, conocido como Jerry, de Laredo, coordinó presuntamente la adquisición de más de 100 armas de fuego Texas para pasarlas de contrabando a través de la frontera internacional y entregarlas a criminales.
Las armas de fuego supuestamente adquiridas por la organización de Pérez incluían rifles FNH SCAR, rifles Barrett de calibre .50, rifles FNH M294S y rifles M1919. Para comprarlas, se habría recurrido a straw purchasers, incluidos lotros acusados: Francisco Alejandro Benavides "Frankie" y Mark Anthony Treviño, en los distritos oeste, sur y norte de Texas.
La vicefiscal general, Lisa Monaco, aseguró que, "en colaboración con nuestros socios mexicanos, desarticularemos y desmantelaremos los cárteles de la droga responsables de tanta destrucción en ambas naciones y, como demuestran estos cargos, llevaremos ante la justicia a los presuntos traficantes de armas de fuego que armarían a esos cárteles".
Otros detenidos como Luis Matías Leal, conocido como Wicho, Poncho y El Tío, presuntamente proporcionaba dinero en efectivo e instrucciones para facilitar la conspiración, mientras que Antonio Osiel Casarez introducía de contrabando las armas de fuego en México y regresaba a Estados Unidos con el dinero en efectivo a granel.
El Departamento de Justicia estadounidense destacó que a los acusados se les imputa un cargo de conspiración para traficar con armas de fuego, que conlleva una pena máxima de 15 años de prisión, y un cargo de conspiración para la compra fraudulenta de armas de fuego, que conlleva una pena máxima de 25 años de prisión
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