Detenciones arbitrarias y tortura persisten en México: ONU

La detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México y con demasiada frecuencia es catalizadora de malos tratos, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias”, advirtió el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias* al término de una visita oficial de 12 días al país.

En conferencia de prensa los expertos del Grupo dijeron que en los últimos años México ha logrado avances significativos en la lucha contra la detención arbitraria, pero que se requieren reformas en varias áreas que afectan los derechos humanos.

La misión del Grupo de Trabajo estuvo en la Ciudad de México, Nuevo León y Chiapas y se reunió con autoridades, jueces, comisiones de derechos humanos, representantes de la sociedad civil y otros actores interesados.

Asimismo, visitó 15 centros de detención y entrevistó a 173 personas detenidas.

El Grupo destacó entre esos logros la transición a un procedimiento penal acusatorio, la extensión del amparo a los derechos humanos reconocidos internacionalmente, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la introducción de un Registro Nacional de Detenciones y una jurisprudencia cada vez más centrada en los derechos humanos.

Miriam Estrada-Castillo, integrante del Grupo, expuso que una de las principales preocupaciones es el uso excesivo de la prisión preventiva, que junto con el arraigo es práctica obligatoria de acuerdo con la Carta Magna del país para muchos delitos.

“Pero la prisión preventiva representa una violación de los derechos humanos y contraviene la orden que diera a México la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su eliminación”, apuntó Estrada-Castillo. “La prisión preventiva obligatoria y el arraigo deben abolirse lo antes posible”, agregó.

La experta explicó que el periodo de detención preventiva es crítico porque el detenido puede auto inculparse por el desconocimiento de sus derechos. Además, en muchas ocasiones ese periodo es demasiado largo.

Señaló que las detenciones por delitos flagrantes a menudo se llevan a cabo sin orden preexistente, lo que las convierte en detenciones arbitrarias porque transgreden las leyes que estipulan que esos casos deben ser llevados de inmediato ante un juez.

Sobre la privación de la libertad relacionada con la política antidrogas, recordó que desde 2006 México se ha vuelto más punitivo y penalizado la posesión de estupefacientes aún en cantidades muy bajas, calificándolo como tráfico de narcóticos.

Matthew Gillett, vicepresidente de Comunicaciones del Grupo, indicó que pese a la generalización de la prisión preventiva, no se sabe cuántas personas se encuentran en esa situación debido a que no todas se registran, como ocurre con los migrantes.

“Llamamos a las autoridades a registrar todas las detenciones que se hagan en el país”, recalcó en nombre del Grupo

Los expertos reconocieron los enormes desafíos de México en el contexto del crimen organizado y los esfuerzos hechos por las autoridades en la materia, pero consideraron que las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las agencias estatales y municipales están frecuentemente implicadas en detenciones arbitrarias y carecen de controles civiles e independientes necesarios para garantizar la prevención y la rendición de cuentas.

El Grupo de Trabajo también denunció el uso excesivo de la fuerza, sobre todo del momento de la aprehensión hasta que los detenidos son puestos a disposición de una autoridad judicial.

Detalló que en muchos casos, se infligen tortura y otras formas de malos tratos para tener confesiones y declaraciones incriminatorias, y que los retrasos entre el momento de la detención de una persona, su puesta a disposición ante el Ministerio Público y su posterior traslado a la autoridad judicial, aumentan el riesgo de graves violaciones de derechos humanos.

Respecto a los migrantes, los expertos argumentan que México debe garantizar que su detención sea el último recurso y dure el menor tiempo posible, luego de una evaluación individualizada, en condiciones dignas y con acceso a asistencia legal.

Además de los migrantes, identificaron a otros grupos vulnerables como los pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas LGBTI+, adolescentes, personas mayores y personas que viven en pobreza. “Nadie debe ser sometido a detención arbitraria”, insistieron.

El informe final de hallazgos se presentará en septiembre de 2024 al Consejo de Derechos Humanos