Ante la situación de emergencia en algunos municipios costeros de Guerrero por el paso del huracán Otis, urge que los gobiernos federal, estatal y municipal presenten públicamente una estrategia de seguridad ciudadana integral de corto, mediano y largo plazo distinta a la del despliegue indiscriminado de fuerzas militares y del establecimiento de cuarteles militares de la Guardia Nacional, advierte la organización no gubernamental Mé4xico Unido contra la Delincuencia.
Está ONG recordó que dentro del “Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población Afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez por el Huracán Otis, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que “se establecerá en cada colonia de más de mil viviendas, un cuartel de la Guardia Nacional con 250 elementos en cada uno, para garantizar la paz y la tranquilidad de todos los ciudadanos y evitar el robo en vivienda, establecimientos comerciales, gasolinerías, en el transporte de mercancías, en la distribución de gas, para lograr lo más pronto posible la normalidad en la convivencia pacífica y la vida pública”.
Asimismo, mencionó que hay 19 mil soldados, marinos y elementos de la Guardia Nacional “responsables de aplicar planes de auxilio a la población y llevar a cabo labores de limpieza, levantamiento de árboles, abasto de despensas, agua, atención médica, traslado de enfermos y seguridad pública”.
El Plan señala que la reconstrucción de lonas afectadas estará bajo la coordinación de la secretaria de Gobernación y la gobernadora de Guerrero, mientras que actividades relacionadas con la mejora de infraestructura y apoyo de la población estará a cargo de los cuerpos castrenses, por lo que son indispensables mecanismos para que se rindan cuentas a las instancias civiles.
Para México Unido, es apremiante atender en el corto plazo la seguridad de las familias afectadas, pues reportes de prensa y habitantes destacan que a la falta de insumos y servicios básicos se suma la preocupación por su integridad y seguridad ante el aumento de intentos de robos a casa habitación, cosa que no debe ser n pretexto para profundizar la militarización de la entidad.
A su juicio, una estrategia integral debe incluir a todos los actores sociales civiles, pues la seguridad pública está constitucionalmente a cargo de policías y fiscalías que, al momento, han estado ausentes.
Dice que la intervención militar debe estar coordinada por civiles y centrada en tareas de auxilio, atención a daños, salvamento, aprovisionamiento y servicios estratégicos como restablecimiento de infraestructura y seguridad extraordinaria y temporalmente, sin excluir la participación de actores sociales que puedan prestar auxilio social, pues la respuesta no puede ser sólo militar y muchísimo menos pretender que la solución será la presencia indiscriminada de militares y cuarteles de la Guardia Nacional, sin definir temporalidad y objetivos.
Otis azotó a una entidad que ya se encontraba afectada por una crisis de inseguridad, violencia e impunidad, cuyos efectos se complejizan ante este desastre, algo que, debe impulsar a los gobiernos federal, estatal y municipales a generar también una estrategia de seguridad a mediano y largo plazo. Esta debería incluir acciones para garantizar la integridad y seguridad de toda la población, en el marco de la recuperación económica, social, turística y social futura, misma que, además, debe integrar un enfoque de gestión de riesgos y resiliencia ante fenómenos meteorológicos.
Finalmente, México Unido llama a las autoridades a no perder de vista que tan importante como el restablecimiento de servicios de infraestructura, refugio, víveres, salud y alimentos, es la protección a la seguridad e integridad de las familias que están sufriendo los estragos de este desastre, en el corto, mediano y largo plazo, sin que sea pretexto para profundizar la militarización de un territorio ya afectado por la criminalidad y la violencia.
Comentarios