Un informe publicado por la Organización Mundial Contra la Tortura asegura que las detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual y otros abusos por parte de las fuerzas rusas contra civiles en territorios ucranianos pueden constituir crímenes contra la humanidad, algo que se intuye desde el inicio mismo de la guerra en febrero del 2022.
Según los documentos disponibles de estas prácticas entre febrero y octubre de 2022 en más de 20 centros de detención por parte de la Organización junto a las ONG ucranianas Iniciativa de Medios para los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos ZMINA muestra que “no son incidentes aislados” y forman parte de una “política deliberada de tortura”.
En un comunicado, la asesora de la Organización Mundial Contra la Tortura para Europa y Asia Central, Maryia Kvitsinskaya, indicó que “estos crímenes alcanzan el umbral de tortura y persecución de un amplio grupo político, por lo que pueden constituir crímenes contra la humanidad”.
La investigación se basa en entrevistas con víctimas y testigos de 63 casosen las regiones ucranianas de Kiev, Chernígov, Zaporiyia, Donetsk, Járkov y Jersón, entre ellos, 38 de tortura y 25 de otros malos tratos. Tras el control de algunos territorios de estas regiones en 2022, el ejército y los servicios especiales rusos comenzaron a perseguir a un amplio grupo de civiles leales a Ucrania, se oponían a la ocupación y tenían una actitud negativa hacia tropas, políticos e ideología rusas.
De acuerdo con el documento, había unas “señales comunes” buscadas por militares rusos durante los procedimientos de inspección para identificar a ciudadanos ucranianos “sospechosos”, e incluían, el consumo de noticias o música ucraniana, contacto con familiares o conocidos que sirvieran a las tropas del país, donaciones en favor del Ejército o fotos con la bandera de Ucrania, de Estados Unidos o de la Unión Europea, entre otras.
Quienes elaboraron en informe en la Organización, indican que a medida que avanzaba la invasión, el Ejército ruso empezó a apuntar a un grupo cada vez mayor de civiles, lo que ocasionó además de las personas que estaban en contra de la ocupación rusa, que muchas más fueran acusadas erróneamente, representando 18 de los 38 casos documentados en el informe.
Entre las personas torturadas que fueron entrevistadas había individuos de grupos vulnerables, incluyendo 3 mujeres, 5 ancianos o una persona con enfermedades crónicas graves.
El informe apunta que todas las condiciones de detención documentadas incumplían las normas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, con 28 de los 38 casos (73 %) en los que las condiciones eran “tan deficientes que equivalían a tortura”. La mayoría de las víctimas fueron recluidas en celdas en condiciones de hacinamiento, en las que no había apenas espacio para dormir, a menudo sin luz natural y en instalaciones muy frías en invierno o muy calurosas en verano.
Además, en todos los casos documentados que se califican de tortura en este informe, las víctimas fueron sometidas simultáneamente a maltrato físico y psicológico, así como violencia sexual en 7 de los 38 casos documentados (18 %), que incluían desde puñaladas a uso de pistolas paralizantes en la zona genital hasta desnudez forzada y amenazas, castración o violaciones.
La ONG pide a Rusia tomar cartas en el asunto, y la intervención de Ucrania, la Corte Penal Internacional y la comunidad internacional para investigar los casos de tortura y malos tratos reportados. (Efe)
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