Será el próximo 6 de diciembre cuando el tribunal argentino que tiene el caso de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, de a conocer su sentencia sobre presuntas irregularidades en la asignación de obras viales en la provincia de Santa Cruz, cuando ella fue presidenta del país y cuando gobernó su esposo Néstor Kirchner.
El presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de la ciudad de Buenos Aires, Rodrigo Giménez Uriburu, informo luego de escuchar la última intervención de la exmandataria, que "el martes 6 de diciembre, el tribunal pasará a deliberar para emitir su sentencia" .
Fernández de Kirchner acusó ayer al tribunal de ser un pelotón de fusilamiento, y la sentencia debe ser dictada el mismo día en que se den las últimas palabras de los 13 procesados en el expediente.
La actual vicepresidenta, que fue procesada por supuesto direccionamiento de 51 obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez, es acusada de encabezar una asociación ilícita e incurrir en una presunta administración fraudulenta durante sus mandatos, por lo cual la Fiscalía pide para ella 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La causa inició con una denuncia formulada por el director de la Dirección Nacional de Vialidad de la gestión anterior, Javier Iguacel, quien ordenó una auditoría sobre la obra pública vial ejecutada en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Esta es la única causa contra la vicepresidenta que fue elevada a juicio oral y público, el cual se lleva adelante desde el 21 de mayo de 2019.
Fernández sostuvo ante el tribunal que la Fiscalía no pudo probar las acusaciones que formuló durante los últimos 3 años, y dijo estar confiada que la causa "va a ser estudiada en el futuro como un ejemplo de cómo funcionaban las instituciones en la República Argentina en este período tan nefasto en que los juzgados han dejado de ser juzgados para convertirse en partidos políticos de un sector".
En su nuevo alegato ante los jueces desde el inicio del juicio, Cristina Fernández aseguró que con esta causa se pretende "obturar las libertades de expresión, estigmatizar y disciplinar a dirigentes" políticos como ella.
Más tarde, Fernández publicó en su página web un texto con 20 puntos en los que se defiende de las acusaciones.
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